Alivio al bolsillo?

La semana pasada, los radicales Alfredo Marchioli y Fernando Navarro presentaron una acción de amparo colectivo firmada por varios vecinos de la Capital contra el cobro de tasas municipales en la boleta de energía provista por la EC SAPEM. El objetivo es que se deje de cobrar la tasa de ocupación de espacio aéreo, porque entienden que es una tasa que el municipio le impone a la empresa y no a los vecinos. Ahora sumaron un nuevo pedido para que el Gobierno deje de cobrar la tasa de fiscalización que financiaba al ENRE, organismo que fue disuelto.

La propuesta, que fue anunciada hace algunos meses, llegó en sintonía con la Resolución 267/24 de la Nación, que el año pasado le prohibió a municipios y provincias incluir en las boletas de servicios tasas e impuestos ajenos a la prestación del servicio.

El amparo presentado tendrá un impacto simbólico si es que la Corte de Justicia lo declara admisible y se resuelve con celeridad. Un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación reveló que en promedio, en Catamarca, el peso de las tasas municipales e impuestos provinciales es del 9,22% sobre el total de la tarifa de energía. Es decir que, en una boleta de $100.000, si se retiran las tasas e impuestos el ahorro sería de $9.220. Pero esto no implicaría un ahorro para el usuario: la Resolución 267/24 del Gobierno Nacional no elimina las tasas e impuestos, porque las provincias y municipios tienen autonomía para crearlos. De esta manera, el municipio debería eliminar por su cuenta las tasas, o emitir un cedulón de pago y de alguna manera salir a buscar al contribuyente para conseguir esos recursos.

Lo que proponen Marchioli y Navarro tiene otra complejidad. Hoy la EC SAPEM traslada a los usuarios el costo de la tasa de ocupación de espacio aéreo. En el caso de que la Corte de Justicia considere que la empresa debe hacerse cargo de esa tasa y no trasladársela a los vecinos, la EC SAPEM bien podría contemplar el costo de la tasa dentro de los costos que le genera la distribución: es decir, quedaría habilitada a incluir las tasas municipales de espacio aéreo a la lista de costos que se contemplan en el Valor Agregado de Distribución, como ya se contemplan los valores de otros insumos.

Una alternativa más interesante sería controlar los recursos que recibe el municipio. Las tasas municipales deben estar atadas a la prestación de un servicio: ¿qué clase de alumbrado público reciben los vecinos? ¿Hay barrios a los que no llega la iluminación? Son preguntas que podrían alumbrar el camino de las respuestas que como oposición podrían exigir. Otra alternativa podría ser impulsar desde el CD medidas paliativas para el bolsillo del vecino. Tiempo atrás el propio Navarro propuso algunas.

El planteo por la tasa de fiscalización del ENRE asoma ahora como más coherente. La Provincia no puede cobrar un impuesto para financiar un organismo que ya no existe. Se abrirá allí otro capítulo en la discusión por la Defensoría del Pueblo, que técnicamente debía absorber sus facultades.