Hay un enorme interrogante que los planteos y declaraciones públicas del fiscal Hugo Leandro Costilla, sometido a Jury, no alcanzan a responder: ¿por qué tendría interés en desplazarlo el poder político? Es un punto ciego importante en las defensas que viene esgrimiendo para tratar de zafar, más curioso en su caso porque se trata de un sujeto versado en la investigación de delitos: Costilla no explica cuál sería el móvil de la conjura que lo tiene como objeto.
El fiscal fue denunciado por presunto mal desempeño en cuatro casos. Hasta el momento, el tribunal del Jury sólo abrió uno de los procesos, relacionado con su desempeño en la Causa Wika, conexa a la de las criptoestafas de Edgar Adhemar Bacchiani. En el marco de este expediente, el jueves presentó un escrito en el que recusa al fiscal, Augusto Barros, porque desconfía de su ecuanimidad debido a los vínculos que tuvo con el justicialismo gobernante.
Para sustentar este recelo, menciona una denuncia penal radicada por el diputado Hugo “Grillo” Ávila en base a un audio atribuido al abogado Rolando Crook, en el que éste señala a Barros como operador del Gobierno dentro del Poder Judicial. Pero Crook desmintió ser el protagonista del audio y, en cualquier caso, sería una grabación tomada durante una charla informal, a sus espaldas, que un medio periodístico difundió.
En su condición de fiscal, ¿abriría Costilla una causa penal con material probatorio tan difuso? Sería interesante saberlo, porque de ser así cualquier chisme vertido en un asado podría dar origen a persecuciones penales. Incluso podrían instigarse causas con audios truchos, tan a mano que está la Inteligencia Artificial para tales menesteres.
Sometido a juicio político, el fiscal Costilla insinúa ser blanco de una conspiración del poder sobre la que no ofrece detalles Sometido a juicio político, el fiscal Costilla insinúa ser blanco de una conspiración del poder sobre la que no ofrece detalles
Como sea, Costilla pretende desacreditar a partir de ese audio la imparcialidad de Barros, quien a su criterio podría ser engranaje del complot montado en su contra por un poder misterioso, que no identifica. La escasez de elementos que sostengan la hipótesis del hostigamiento político contrasta con los cuestionamientos a su trabajo realizados por sus propios pares.
En la “Causa Wika”, por ejemplo, el juez de Garantías Marcelo Sago le rechazó el archivo del expediente y lo criticó con inusual dureza por no haber profundizado la investigación sobre posibles maniobras tendientes a provocar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani. A raíz de estas omisiones, el caso fue transferido a otro fiscal, que absolvió al empresario Cristian Guillou de los delitos que Costilla le endilgaba y resignó la competencia en el fuero federal para que se investiguen las conexiones con las criptoestafas.
Otra causa que Costilla llevó adelante y terminó en una denuncia ante el Jury fue la de las polémicas absoluciones pagas a los acusados del violento asalto perpetrado en el barrio Parque América contra Matías Rolón Reynoso, reo de las criptoestafas en RT Inversiones. En este caso, la Fiscalía General ordenó una investigación que recayó en la fiscal Paola González Pinto, quien planteó la nulidad de lo actuado por “cosa juzgada írrita” ante la sala Penal de la Corte Justicia.
La Sala Penal anuló las absoluciones pagas, pero los abogados de los acusados apelaron y está pendiente aún la sentencia al respecto de la Sala de Doble Conforme. De cualquier manera, la gestión de Costilla como fiscal ha sido condenada por un juez de Garantías, una fiscal de Instrucción y tres integrantes de la Corte de Justicia. Son tres resoluciones judiciales que abonan el Jury, aunque por cuerdas diferentes.
La defensa de Costilla se cimenta menos en objetar estos dictámenes y fallos que en contradenunciar una conspiración del poder político de la que no ofrece mayores datos.No se recuerdan, por otra parte, decisiones suyas que hayan incomodado al Gobierno.
El efecto procesal inmediato de la recusación de Barros es dilatar el Jury por la “Causa Wika”. El tribunal deberá expedirse al respecto, cosa que abrirá las vías recursivas pertinentes. Se trata, sin embargo, de un juicio de corte político, no jurídico. Habrá que ver qué resuelven los miembros del tribunal.