martes, 1 de julio de 2025 23:00
El juez federal Jorge Gorini presentó ante el cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema un pedido de decomiso a la expresidenta Cristina Kirchner, cuyo monto base por el perjuicio económico causado en la causa Vialidad se estimó en 86.000 millones de pesos y es sujeto a actualización.
Esta cifra corresponde al daño calculado por una maniobra sistemática de corrupción en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz, en la conocida como causa Vialidad, por la cual recientemente el Máximo Tribunal confirmó los seis años de condena contra la exmandataria.
Gorini, responsable de la ejecución de la pena, formalizó el pedido a los peritos para determinar el monto definitivo que deberán abonar los nueve condenados, entre los que se encuentran el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
De acuerdo al fallo judicial, entre 2003 y 2015, el 86 por ciento de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fue adjudicado al Grupo Austral de Báez a través de procedimientos irregulares, incluyendo direccionamiento de licitaciones, simulaciones de competencia, pagos preferenciales y ausencia de controles.
El Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 señaló en su fallo que se trató de «una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal probadas judicialmente en la historia del país», por lo que se impulsó el pedido de decomiso como un medio de resarcimiento.
El cálculo original se sustentó en peritajes de cinco obras testigo, entre ellas tres en la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, las cuales mostraron sobreprecios y colusiones.
A esta información se añadieron otros indicadores, como colusiones empresariales y sobrecostos estimados, para determinar una cifra de daño general.
Una vez que el monto actualizado sea oficializado, Gorini dará un plazo de diez días hábiles a los condenados para que abonen sus respectivas cuotas, en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución de los bienes a nombre de los imputados.
Mientras tanto, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas que detalla propiedades y empresas de cada uno de los imputados, según reportó el portal Nuevo Día de Santa Cruz.