La Obra Social de los Empleados Públicos de Catamarca (OSEP) admitió que colocó recursos del Fondo Especial de Trasplantes en una entidad financiera, en respuesta a una denuncia formulada por sectores de la oposición en la Cámara de Diputados provincial. La acusación cuestiona la transparencia de la operatoria y la legalidad del destino de estos recursos.
Desde OSEP aclararon que no se trató de fondos generales de la obra social, sino de un patrimonio específico, constituido por la Ley N° 5.116, sancionada el 17 de junio de 2004 y promulgada el 2 de agosto del mismo año, con el objetivo de asegurar la cobertura económica de los tratamientos antes y después de un trasplante. Según afirmaron, la colocación financiera tuvo como único fin preservar el poder adquisitivo del fondo ante la inflación, sin alterar su destino ni comprometer su disponibilidad para los beneficiarios.
El exsenador provincial Jorge “Yayo” Agüero, autor de la ley, consideró que el debate no debe centrarse en la colocación de los fondos, sino en garantizar el cumplimiento estricto de la normativa. “Es muy distinto hablar de una mala utilización de los fondos a debatir su colocación financiera con el único fin de preservar su poder adquisitivo, ya que si ello genera mayor capitalización de los mismos y mayor beneficio, bienvenido sea, siempre y cuando estos intereses que se logran vayan al mismo fondo. Lo que sí sería grave es que no se cumpliera con lo que marca la ley o que los fondos no llegaran a quienes lo necesitan”, afirmó.
El fondo fue creado como un aporte mensual del 0,5% del salario de los trabajadores afiliados a OSEP. Al momento de su creación, todos los afiliados fueron incluidos automáticamente, salvo que manifestaran su voluntad de no adherir dentro de los 60 días posteriores. De este modo, el beneficio quedó dirigido a quienes no ejercieron esa opción.
Agüero recordó que la iniciativa surgió a partir de una vivencia personal, cuando una de sus hijas debió afrontar un tratamiento complejo que en su caso pudo costear . Su experiencia lo llevó a pensar en otros catamarqueños que, aun teniendo obra social, no podrían hacer frente a los altísimos costos que implica un trasplante y su tratamiento postoperatorio. La ley establece que OSEP debe presentar informes semestrales sobre la utilización del fondo ante el Tribunal de Cuentas y las comisiones de Salud de ambas cámaras legislativas, aunque el propio autor de la norma reconoció que desconoce si actualmente se está cumpliendo con esa obligación formal.
“Esta ley representa una política pública de protección social con fuerte base humana. Nació de una experiencia familiar, pero está pensada para esas situaciones críticas en las que un trasplante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Que los recursos se inviertan de forma segura no es contradictorio con su destino. Lo imprescindible es garantizar que no se desvíen del fin para el que fueron creados. La ley de Fondo de Trasplante representó un importante avance y ayudó a cientos de catamarqueños. Debemos velar por qué no se desvirtúe su objetivo y que se controle que así sea como la misma ley prevé», sostuvo Jorge Agüero.