En plena finca La Sala, mientras avanzaba un fuerte operativo policial, Furque denunció que se intentaba ejecutar un desalojo sin tener en cuenta que sus defendidos, Facundo y Magalí Ahumada, no formaban parte de la demanda original. “La sentencia es contra su madre, no contra ellos”, remarcó, advirtiendo que el procedimiento se mantenía pese a estar apelado y sin resolución definitiva.
Uno de los puntos más cuestionados fue la negativa a permitir el ingreso de la prensa, lo que el abogado atribuyó a una decisión conjunta del Obispado y el poder político. “Estas casas no están dentro de la propiedad vendida, pero aun así quieren desalojarlos. ¿Por qué no permiten documentar lo que está pasando?”, cuestionó. También denunció el despliegue policial como una muestra de “autoritarismo y abuso”.
Furque fue más allá y reveló una presunta operación irregular: “El Obispado vendió estas tierras al Estado provincial por más de 100 millones de pesos, y luego parte fue cedida gratuitamente al Colegio de Abogados. El Obispado no debería tener legitimidad para pedir el desalojo si ya vendió”, advirtió. Según explicó, esto pone en duda todo el proceso legal llevado adelante.
La situación sanitaria y social de los desalojados también fue expuesta con preocupación. “Hay niñas enfermas, una joven que no puede caminar, y cuatro menores viviendo allí. Esto debió activar los mecanismos de protección, pero el juez ignoró las normas internacionales y provinciales”, remarcó. Además, denunció el abandono que podrían sufrir los animales que habitan la finca.