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Impunidad asegurada?

El caso del abuso sexual perpetrado por un ciudadano de origen chino contra una empleada de limpieza en las instalaciones de la empresa litífera Zijin-Liex, y la actitud asumida por sus directivos, es bastante más grave que una evidencia más del escaso o nulo compromiso que la firma de capitales chinos tiene con la comunidad en la que está inserta, en este caso Fiambalá, en el departamento Tinogasta. Demoró varios días en informar públicamente cuál había sido la actitud que asumió, presuntamente, respecto del lamentable hecho, y lo hizo tal vez más por el impacto que tuvo en la opinión pública su divulgación que porque sus directivos hayan considerado una obligación moral dar las explicaciones del caso.

La víctima del ultraje comunicó lo que había ocurrido de inmediato a los supervisores de la empresa, que sin embargo no habrían apelado al protocolo que se activan en este tipo de casos. Es a raíz de esta inacción que la mujer decidió recurrir a la Justicia y denunciar lo ocurrido.

Una empresa que tiene vínculos comunitarios estrechos y, además, vocación de transparentar lo que sucede en sus instalaciones, sobre todo si son hechos supuestamente delictivos, reacciona inmediatamente ante una denuncia de esta gravedad y pone todos sus recursos a disposición de la Justicia para que se sepa exactamente qué ocurrió.

En el comunicado que emitió la empresa dos semanas después de que el abuso ocurriese, admite el hecho y menciona que entre las medidas que adoptó “siguiendo los procedimientos internos y la legislación vigente”, procedió a proteger la privacidad de la denunciante para evitar daños a su reputación, suspendió preventivamente al empleado acusado y lo trasladó “fuera de Fiambalá durante las investigaciones judiciales y administrativas, garantizando cero contacto con la denunciante”.

Este último dato es relevante, particularmente porque no hay información respecto del paradero del presunto autor del abuso. Incluso circulan versiones, nunca corroboradas pero tampoco desmentidas por Zijin-Liex, respecto de que habría abandonado el país para regresar a su nación de origen. De hecho, la Fiscalía que investiga el hecho tuvo que enviar un oficio a Migraciones para conocer si el ciudadano chino salió o no del país, sin que hasta ahora trascendiera públicamente la respuesta.

La Justicia debería convocar a declarar a los directivos de la empresa china para que expliquen a dónde llevaron al acusado, cuyo nombre ni siquiera se conoce. La Justicia debería convocar a declarar a los directivos de la empresa china para que expliquen a dónde llevaron al acusado, cuyo nombre ni siquiera se conoce.

Queda claro que además de las pesquisas formales que la Justicia ponga en marcha ante las autoridades para tal verificación, paralelamente debería convocar a declarar a los directivos para que expliquen a dónde llevaron al acusado, cuyo nombre ni siquiera se conoce porque la víctima del abuso solo lo identifica de vista, y exigirles todos los datos personales y que lo presenten ante la Justicia, si es que todavía está en territorio argentino. Y si se encuentra fuera del país, se presupone que fue la propia empresa la que colaboró para que evada la Justicia.

En su comunicado, la empresa litífera señaló que facilitó “incondicionalmente a la Fiscalía Penal de la Quinta Circunscripción Judicial (Tinogasta) toda la documentación requerida, incluyendo datos identificativos del empleado implicado, informes internos, registros de videovigilancia y cualquier otra evidencia conducente al esclarecimiento de los hechos”. La declamada colaboración hubiese sido más eficaz si, junto con el papelerío, entregaba también al empleado, o al menos la ubicación de su alojamiento “fuera de Fiambalá”, de modo que la Justicia pudiese citarlo a declarar y eventualmente imputarle algún delito.

Si es cierto que el supuesto abusador abandonó el país, la impunidad está asegurada. Lo más grave es que todo hace pensar, si es que no hay nuevos datos que contradigan esta hipótesis, que para que eso suceda fue el encubrimiento empresarial un factor esencial que la fiscalía deberá investigar.

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