La jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ha escalado la tensión en la prolongada batalla judicial por la expropiación de YPF al ordenar a Argentina entregar el contenido de las comunicaciones de WhatsApp de funcionarios y exfuncionarios del equipo económico, incluyendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo, y a su predecesor, Sergio Massa.
La decisión de la jueza se dio a conocer el martes, el mismo día en que Argentina presentaba sus argumentos ante la Corte de Apelaciones para evitar la entrega de acciones de la petrolera y sostener la suspensión del fallo que obliga a ceder el control de YPF.
La audiencia del martes en el juzgado de Preska se centró exclusivamente en la discusión sobre la prueba a producir (discovery) con miras a la potencial ejecución de la sentencia. La jueza resolvió diversos pedidos efectuados por los demandantes hace aproximadamente un año.
Orden Judicial
La jueza Preska ordenó a la República Argentina producir comunicaciones internas relacionadas con YPF y el BCRA. También dispuso la entrega de comunicaciones desde dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios. Además, se autorizó el discovery sobre posibles vínculos de «alter ego» con Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA.
Argentina ha expresado su firme oposición a esta medida, considerando que la orden de entrega de las acciones de YPF «causaría un daño irreparable a la República» y «podría desatar un conflicto diplomático significativo» con Estados Unidos. En su presentación ante la Cámara de Apelaciones, el Gobierno advirtió que la orden de Preska «vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero» y contradice la ley estadounidense, ya que las acciones de YPF se encuentran en territorio argentino.
Fuentes oficiales indicaron que la medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de Argentina, argumentando que vulnera la soberanía argentina y que, además, se cree que no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República.
El gobierno de Javier Milei sostiene que ya ha brindado una extensa cooperación en el discovery posterior al dictado de la sentencia, entregando a los demandantes más de 100.000 páginas de documentos, incluidos aquellos relativos a sus cuentas financieras en Estados Unidos, Argentina y otros países.
Una fuente cercana a la Casa Rosada declaró que es “evidente que los demandantes están abusando del proceso de discovery” y señaló que “su financiador, Burford Capital, reconoció ante sus inversores que lo utilizan para hostigar a la República e intentar arrojar arena en los engranajes de los esfuerzos de Argentina por reconstruir su economía”.
Próximos pasos
Argentina está evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden sin precedentes y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones deberá decidir en los próximos días si mantiene la orden de Preska o si hace lugar al pedido argentino de suspenderla durante todo el proceso de apelación. Cabe destacar que el Gobierno de Estados Unidos ha presentado un «amicus curiae» para respaldar legalmente a la Argentina en su intento por suspender la entrega de acciones de YPF.