Notable avance

La semana legislativa dejó como uno de los hechos sobresalientes que Catamarca cuente con su propia Ley Antidiscriminación. Es la norma legal 5909 y establece un marco fundamental para prevenir, sancionar, reparar y erradicar actos discriminatorios en todo el territorio de la provincia. Se trata de un notable avance, que adquiere un valor especial por la tendencia que se vive a nivel nacional, insanamente inversa. En efecto, la iniciativa, de autoría de la diputada Adriana Díaz, fue recibida como una contundente respuesta ante el desmantelamiento de programas y organismos de protección de derechos a nivel nacional, como el Instituto nacional contra la discriminación y la xenofobia (INADI).

Fundamentos

Díaz promovió la ley ante el preocupante “vacío legal” a nivel federal que hacía indispensable la intervención provincial para garantizar la protección de los derechos. Con la ley se busca abonar la cultura de la no discriminación en nuestra ciudadanía, promoviendo la garantía Constitucional de la igualdad, la diversidad, la pluralidad y la interculturalidad de las personas, con sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las leyes nacionales y, por supuesto, nuestra Constitución y leyes provinciales vigentes. La norma se erige sobre cuatro pilares esenciales. Prevenir: A través de la concientización y la educación, buscando un cambio cultural. Sancionar: Estableciendo las consecuencias para los actos discriminatorios. Reparar: Contemplando mecanismos que busquen resarcir el daño causado, incluso a nivel colectivo. Erradicar: Apuntando a la eliminación definitiva de las prácticas discriminatorias en la sociedad catamarqueña. Se destaca la amplitud en la Definición de Discriminación: abarca una extensa lista de motivos de discriminación, incluyendo etnia, nacionalidad, género, identidad de género, orientación sexual, edad, discapacidad, situación socioeconómica, y “cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social, temporal o permanente”. Esto proporciona una protección integral. Además, incluye acciones basadas en estereotipos, insultos, y conductas que causen daño emocional o psicológico, lo que amplía la comprensión de los actos discriminatorios. En la Prevención y Erradicación, el objeto principal de la ley es “prevenir y erradicar los actos u omisiones discriminatorias”, y sus objetivos incluyen promover la igualdad, prevenir la discriminación, fomentar el respeto a la diversidad y erradicar la xenofobia y el racismo. Como Autoridad de Aplicación se designa a la Dirección de Derechos Humanos, otorgándole facultades para asesoramiento legal, conformación de un cuerpo interdisciplinario, elaboración de dictámenes y protocolos. Esto centraliza la responsabilidad y facilita la implementación. Con sus medidas de Protección y Reparación permite a las personas discriminadas realizar denuncias y obtener resarcimiento. Destaca la importancia del “cese inmediato” de los actos discriminatorios y se incorpora la discriminación al Código de Faltas con sanciones (multa o tareas comunitarias), en una medida importante para la disuasión y sanción de estas conductas.

Otros detalles

La Carga Dinámica de la Prueba incluida es crucial para las víctimas de discriminación, ya que facilita la acreditación de la existencia de un acto discriminatorio al invertir la carga de la prueba una vez que se presentan indicios. También la inclusión de medidas de reparación del daño colectivo (campañas de sensibilización, capacitaciones, disculpas públicas) reconoce el impacto social de la discriminación, así como se especifica que tanto en las sentencias judiciales como en la administración pública y el ámbito educativo, se promueve activamente la sensibilización y capacitación, lo cual es fundamental para un cambio cultural. Es en conjunto un paso decisivo hacia una Catamarca más justa, con la consolidación de una sociedad más incluyente y respetuosa de la diversidad. Al establecer un marco legal provincial sólido para prevenir, sancionar y reparar la discriminación la provincia asume un compromiso claro y efectivo con los derechos humanos de sus habitantes fortaleciendo las garantías ciudadanas. La iniciativa no solo responde a una necesidad social imperante, sino que también reafirma la voluntad política de Catamarca de avanzar en la construcción de una cultura de no discriminación donde la igualdad, la pluralidad y la dignidad de todas las personas sean valores irrenunciables.

Recuerdos

Carlos Menem apenas había cumplido un año como presidente de la Nación, cuando sus adláteres, sigilosamente, comenzaron a alentar una reforma de la Constitución Nacional para permitir su reelección. Fue un 2 de agosto de 1990, exactamente, cuando el ministro de Salud de aquel entonces, Eduardo Bauzá, anunciaba que en 1991 se promoverían los cambios a la Carta Magna. Escondiendo las verdaderas intenciones, señalaba que se pretendía acortar el mandato presidencial de 6 a 4 años y a fin de atemperar el presidencialismo, la instauración del cargo de ministro coordinar. De esta manera, se echaban las bases para hacer permanecer a Menem por largos años en el poder. Sin embargo, no todo fue fácil. El alfonsinismo resistió hasta donde pudo y recién a fines de 1993, se acordó la reforma a través del Pacto de Olivos que, un año más tarde, iban a refrendar los expresidentes. Por pedido del radicalismo, que Menem concedió en la negociación, se creó la figura del Jefe de Gabinete, se decidió que hubiera elecciones para elegir al jefe de Gobierno de Capital Federal (antes lo elegía el presidente), y se agregó un senador para el principal partido opositor, entre otros puntos. Con la reelección en el bolsillo, el riojano logró un cómodo triunfo en las elecciones del 14 de mayo de 1995 y prolongó su reinado hasta el 10 de diciembre de 1999, con lo cual iba a completar nada menos que diez años y medio de mandato. Como es público, lo sucedió como presidente Fernando de la Rúa, vencedor de Eduardo Duhalde, quien, paradójicamente, al caerse el líder radical, lo iba a reemplazar en la Casa Rosada. El interinato de Duhalde duró hasta el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Carlos Kirchner, que ganó el balotaje por la deserción de Menem, triunfador de la primera vuelta por apenas dos puntos: 24 a 22 por ciento.

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