El dragón rojo que desembarcó en Catamarca para engrandecer el aporte a la transición energética, como le gusta definir al Gobierno, sigue sumando conflictos en el susceptible sector minero. A las denuncias por evasión fiscal, explotación laboral e inseguridad ambiental, ahora la empresa Zijin-Liex quedó en medio de un escándalo por un hecho de abuso sexual que tiene como acusado a un operario chino, a quien le permitió fugarse a su país y eludir la acción de la Justicia.
Zijin-Liex explota el proyecto de litio Tres Quebradas (3Q) en el salar de Laguna Verde, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, en Fiambalá, Tinogasta. Desde que la compañía asiática asumió el control del proyecto tres años atrás, una contrariedad continuó a otra.
En efecto, el 1 de noviembre de 2022, la Policía Minera clausuró en forma temporal la planta de carbonato de litio de 3Q por supuestas irregularidades, aunque nunca dio detalles de los resultados del operativo.
Dos semanas más tarde, el exfiscal general Gustavo Gómez, de la Cámara Federal de Tucumán, remitió un oficio al fiscal federal catamarqueño Santos Reynoso a fin de instarlo a investigar a la empresa por “posible contaminación y trata de personas”. A su criterio, había que indagar sobre la existencia o no de “serias irregularidades detectadas en el manejo de residuos químicos y el incumplimiento de normas de seguridad e higiene en la planta de procesamiento”.
El pedido de Gómez estaba basado en las denuncias públicas de la “Asamblea Fiambalá Despierta” y “Agua Pucará” respecto a la “contaminación de agua y avasallamientos de los derechos de trabajadores y habitantes de la región”. Para los asambleístas, aquella clausura se dio en un “contexto de intoxicaciones” de vecinos de Fiambalá que consumieron agua de curso natural que habría sido afectada por los trabajos en la planta litífera.
Además, estaba también la sospecha de explotación laboral denunciada por esas comunidades. Ninguna de ambas cosas se investigó a fondo; y si en verdad hubo un relevamiento oficial, nunca se informaron los resultados. La falta de transparencia es un serio déficit de la política minera provincial.
El 3 de enero de 2024, el conflicto laboral escaló cuando Zijin despidió a una docena de trabajadores por haber asistido a una reunión en el municipio de Fiambalá para crear una Secretaría de Gestión Minera y Control Ambiental en ese ámbito. En protesta, los empleados afectados y sus familias bloquearon los accesos a la planta, para exigir su reincorporación y el respeto a los regímenes laborales mineros, además de mejoras en las condiciones de seguridad e higiene.
La tensión aumentó dos días después, cuando la empresa negó el acceso a autoridades municipales y sindicales, quienes finalmente debieron ingresar con la Policía. Al retirarse, dejaron constancia en un acta que fueron atendidos de manera hostil y con «falta de respeto». La sensación que se llevaron es que para los chinos la concesión minera es una suerte de embajada que les da derecho a abrir o cerrar la puerta a discreción.
Pero lo laboral no fue el único rubro controversial. En agosto de 2023, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (hoy ARCA) denunció a Zijin-Liex por realizar operaciones fraudulentas de sobrefacturación en bienes de capital por un valor superior al precio del mercado en más de USD 5 millones.
Para el organismo, el grupo minero habría violado el Código Aduanero por operaciones trianguladas por la ruta de Hong Kong, sobrefacturando productos que al precio de mercado tenían un valor considerablemente inferior en comparación con otros similares.
Dicho en otros términos, la empresa asiática “infló” documentación de importación de maquinarias para pagar menos impuestos y regalías en perjuicio del fisco nacional y provincial.
Crónica de un abuso
El 7 de julio pasado, una trabajadora de la empresa Zijin presentó una denuncia en la comisaría de Fiambalá por ser víctima de abuso sexual. INFORAMA tuvo acceso al texto completo, pero solo mencionará los datos relevantes del hecho.
La mujer, empleada de servicios generales, relató que a media mañana del 30 de junio pasado estaba haciendo limpieza en una de las cabañas del complejo “Umbral”, ubicado en el barrio San Pedro de Fiambalá, que alquila la empresa para su personal. Allí se le presentó un hombre de “nacionalidad china”, la saludó y le ofreció un chocolate. Como no hablaba español, se comunicaba con señas. Le preguntó si estaba sola y ella respondió que sí, entonces él se acercó, intentó ponerle dinero en un bolsillo del pantalón y ahí empezó a tocarla en sus partes íntimas. La mujer lo empujó y le gritó para que se alejara mientras buscaba algún objeto para defenderse; el hombre volvió sobre ella, la tomó del cuello para besarla por la fuerza. Entonces ella le dio una cachetada y lo pateó en una pierna. Recién ahí el hombre desistió y salió de la cabaña. Ella, en cambio, solo atinó a quedarse encerrada en la habitación.
Minutos después llegó a la cabaña la encargada del complejo, la contuvo como pudo y dio aviso a las dos jefas de la empleada, argentina y otra china, de apellidos Romero y Yung, quienes fueron enseguida y le dijeron que se quedara tranquila, que ellas iban a ocuparse de todo. Luego la llevaron a su casa. Al día siguiente, la mujer se presentó a trabajar; sus jefas fueron a verla, le preguntaron cómo estaba y le dijeron que su agresor quería pedirle disculpas en persona. Ella se negó, dijo que no quería verlo más. Ese día trabajó en forma normal y cuando se iba encontró al hombre en la garita de ingreso al complejo. Otros compañeros le comentaron que la esperaba para disculparse. Pero ella se marchó.
En su exposición, la mujer dijo que demoró una semana en hacer la denuncia del hecho porque esperaba que la empresa tomara alguna medida con su agresor, pero éste seguía en el mismo lugar de trabajo. Dijo que se sentía atemorizada y confundida. Pero decidió denunciar el abuso al ver que nada sucedía, que sus jefes no “accionaron” como habían prometido.
Denuncia y medidas
El operario denunciado es Huang Sencai, a quien la empresa suspendió en forma preventiva y dispuso “su traslado fuera de Fiambalá durante las investigaciones judiciales y administrativas, garantizando cero contacto con la denunciante”, según informó la Dirección General de Liex SA en un comunicado.
Agregó que, por otra parte, “otorgó licencia a la denunciante, coordinó una visita solidaria en colaboración con el sindicato AOMA, y su traslado a la Capital provincial para atención psicológica, y salvaguarda de su integridad física, bienestar emocional y derecho a ser escuchada”.
La Fiscalía Penal de Tinogasta remitió el 11 de julio un oficio a la empresa en el que solicitó documentación del empleado denunciado, informes laborales, apto psicofísico y registros de videovigilancia, entre otras evidencias. Según la Justicia, la compañía colaboró con todo eso.
Aparte, aceptó participar en un taller sobre “sensibilización en perspectiva de género”, que empezó a dictar el viernes pasado la Dirección de Género, Familia, Diversidad e Inclusión del municipio de Fiambalá para los trabajadores de la planta.
De acuerdo con el informe de Migraciones solicitado por la fiscalía, Sencai partió de Argentina rumbo a Fujian, China, el 9 de julio último, es decir, al día siguiente de la presentación de la denuncia por parte de la víctima. Extraoficialmente, se indicó que el hombre regresaría en tres meses. ¿No tuvo en cuenta la empresa que su trabajador podría ser citado por la Justicia?
Este viernes 8 de agosto, la fiscal subrogante Silvia Álvarez ordenó la detención inmediata de Huang Sencai, acusado de abuso sexual, y solicitó su extradición a través de canales diplomáticos. El delito en cuestión es abuso sexual simple, que tiene una pena de 1 a 4 años de prisión.
Las pericias psicológicas realizadas a pedido de la fiscalía tinogasteña confirmaron que la víctima sufrió un grave daño en su salud mental, con síntomas compatibles con estrés postraumático y depresión.
¿La empresa en verdad desconocía que Sencai estaba denunciado por abuso cuando le dio una repentina licencia fuera del país? ¿O lo mandó a China a propósito, para “borrarlo” y evitar que sea imputado y eventualmente castigado? ¿Le ordenará que vuelva y se someta a la Justicia provincial?
Aunque la responsabilidad del hecho -que es individual- de ninguna puede ser atribuida a Zijin-Liex, sí hay elementos para sospechar de una maniobra de encubrimiento con el fin de proteger al ciudadano chino que trajo a Catamarca para su proyecto minero.
La protección del acusado denunciado por abuso es otro gesto claro de cómo entiende la empresa sus obligaciones con la provincia y su gente.
No sería, de todos modos, una actitud que pueda sorprender al Gobierno provincial, que desde el principio tuvo una postura laxa y ambigua respecto a los sucesivos incumplimientos de las normas locales por parte de la minera asiática.