En el afán de buscar el equilibrio de las cuentas fiscales, el gobierno de Javier Milei ha paralizado prácticamente la obra pública en el país. Transcurridos ya 20 meses desde su asunción, queda claro que no se trata de una medida coyuntural de corto plazo, sino, casi, de una política de Estado para una gestión que no la considera una inversión para el desarrollo estratégico de la Argentina, sino un gasto al que hay que sacrificar en el altar del déficit cero.
El problema es que la paralización de la obra pública constituye una bomba de tiempo para futuros gobiernos, que deberán reactivarla, porque no existe ningún país en el mundo que resigne esta responsabilidad. Hay obras que, porque son rentables en lo inmediato, pueden ser acometidas por el sector privado, pero la inmensa mayoría son apuestas de largo plazo y que solo pueden ser financiadas por los dineros públicos.
El 29% de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico, 6 puntos porcentuales más que cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández. El 29% de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico, 6 puntos porcentuales más que cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández.
Hay un problema adicional: además de las obras que no se realizan hay otras que ni siquiera son objeto del mantenimiento adecuado, lo que gravita destruyendo capital físico generado durante mucho tiempo en el país. Las rutas son un buen ejemplo. Un informe publicado por el Instituto Argentina Grande señala que el 29% de las rutas nacionales se encuentra en estado crítico, 6 puntos porcentuales más que cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández.
De no realizarse las inversiones de mantenimiento que corresponden, se calcula que dentro de un año casi la mitad de las rutas nacionales estarán con graves problemas de transitabilidad, con el consecuente mayor riesgo de accidentes viales, más muertes evitables y un incremento de los costos logísticos. Por supuesto, de la construcción de nuevas rutas, salvo algunos tramos que puedan ser concesionados, no hay ni planes.
Hay un cálculo formulado por la Cámara Argentina de la Construcción que revela la gravedad de este abandono: estima que el costo anual de mantenimiento de la red vial (nacional y provincial) es de 4.213 millones de dólares, pero si no se mantiene, la reposición total asciende a 40.773 millones de dólares, y solo para las rutas nacionales el costo es de 23.240 millones. Esto implica que cada dólar ahorrado en mantenimiento hoy requerirá diez para reconstruir mañana.
También son clave para el desarrollo de un país las obras energéticas e hidráulicas, por ejemplo. Ni hablar de la construcción de hospitales y escuelas, que no tendrán un impacto económico inmediato pero sí un costo social altísimo, que ya se empieza a pagar.
En definitiva, la posición del gobierno de Milei no tiene casi antecedentes en el mundo. Hasta en los países que defienden la libertad de empresa como un dogma sus Estados realizan fuertes inversiones en infraestructura pública, porque es un insumo clave para el desarrollo estratégico de las naciones. Por eso, más temprano que tarde la inversión pública deberá reactivarse en la Argentina, aunque el daño formidable que se está cometiendo actualmente tardará mucho tiempo en repararse.