El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria, es decir, como imputados, al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y al diputado de la Libertad Avanza, Pablo Ansaloni, entre otros involucrados en un supuesto plan para controlar la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
La causa se inició el 5 de febrero tras la denuncia presentada por José Antonio Voytenco en su calidad de Secretario General del Sindicato.
Voteynco denunció penalmente a Claudio Aquino -Director Nacional de Asociaciones Sindicales-, a Cordero, a Ansaloni, a Marcelo Andrada -ex Secretario General de la seccional La Plata de UATRE y Aixa Petriati -ex subdelegada por la provincia de Buenos Aires de UATRE, por la presunta “conformación de un plan criminal para hacerse de la conducción de la UATRE”
La denuncia da cuenta de un plan que se habría materializado el 29 de enero de 2025 con un dictamen por parte de Aquino solicitando la intervención judicial de la UATRE, lo que llevó a la apertura de un expediente administrativo y la posterior resolución del secretario de Trabajo.
Para el fiscal Marijuán, “los elementos probatorios incorporados resultan suficientes para tener acreditado el grado de sospecha” como para citar a los imputados a indagatoria.
En la denuncia, Voytenco narró una serie de eventos que ocurrieron luego de que Pablo Ansaloni, representante de la Lista N° 4- Celeste- Agrupación Renovación y Lealtad- perdiera las elecciones del sindicato en 2022.
A partir de ese resultado, se habrían desencadenado una serie de sucesos llevados adelante por los integrantes del sector de Ansaloni, en perjuicio al patrimonio de la UATRE, según el denunciante.
Como ejemplo de ello, explicó que lograron imponer una intervención a la obra social del sindicato (OSPRERA), quedando a cargo de Marcelo Petroni, “quien posteriormente comenzó a designar en distintas delegaciones a personas que integraban la lista de Ansaloni”.
Contratos y servicios no prestados
El dictamen hace referencia a lo consignado en la denuncia sobre una intervención judicial anterior, en la que las personas designadas habrían celebrado contratos y pagado facturas millonarias “por servicios que no fueron prestados (ejemplo de ello la relación con la empresa Point Centurión S.A. y Droguería Disval SRL, contratos que fueron rescindidos en julio de 2024)”.
“Básicamente, mediante este tipo de acciones, se habrían beneficiado económicamente las personas allegadas y perjudicado el patrimonio de la obra social y afectado a sus afiliados”, dice la denuncia.
Voytenco indicó que desde fines de 2024 Marcelo Andrada, Ansaloni y Aixa Petriati, invocando tener influencias en dependencias de la Secretaría de Trabajo y en el Poder Judicial de la Nación, “habrían anunciado públicamente en distintos ámbitos que lograrían la intervención de la UATRE, haciendo circular un borrador de un dictamen del Director Nacional de Asociaciones Sindicales en el que se solicitaba la intervención del sindicato”
Según el dictamen, “explicó el denunciante que el Director Nacional no posee competencia ni facultades para emitir un dictamen. Sin embargo, el 29 de enero del año en curso desde la Dirección de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano se firmó el dictamen referenciado, mediante el cual se solicitó la intervención judicial del sindicato UATRE”
Rechazo de la intervención
Entre las pruebas, el fiscal citó informes periciales, declaraciones testimoniales, análisis de documentación y la resolución judicial por la que se rechazó la intervención.
La Cámara Nacional del Trabajo rechazó la medida cautelar solicitada por la Secretaría de Trabajo para intervenir la UATRE.
En esa resolución, el camarista Carlos Pose argumentó en su voto que la petición estatal resulta “improcedente”, ya que “nos encontramos dentro de un campo disciplinario donde rige el principio de libertad sindical (art. 4º ley 23.551) y, en consecuencia, una solicitud como la intervención resulta sólo viable si se acreditara fehacientemente el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado”.
Marijuan sostuvo en su pedido de indagatoria al juez Sebastián Casanello que la prueba reunida en la causa “permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones y el rol que tuviera cada una de las personas cuya indagatoria se solicita”.