WASHINGTON.- En un revés judicial para la estrategia comercial global de Donald Trump, aún de alcances imprevisibles, un tribunal federal de apelaciones determinó este viernes que el presidente excedió sus funciones y que muchos de sus aranceles se emitieron ilegalmente, al confirmar una decisión anterior de un tribunal comercial federal. De todas formas, los jueces permitieron que los gravámenes, que han sacudido la economía mundial, permanezcan vigentes mientras envían el caso de regreso a un tribunal inferior para más procedimientos.
La Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos confirmó, en una votación de 7-4, la decisión de un tribunal inferior que determinó que Trump se extralimitó en su autoridad al usar una ley de 1977, llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), para imponer la mayoría de sus aranceles, que han afectado a la mayoría de los países, entre ellos la Argentina.
Esta ley de emergencia se utiliza en caso de amenazas contra Estados Unidos. “El estatuto otorga al presidente una autoridad significativa para tomar diversas medidas en respuesta a una emergencia nacional declarada, pero ninguna de estas acciones incluye explícitamente la facultad de imponer aranceles, derechos o similares, ni la facultad de imponer impuestos”, escribió un grupo de jueces federales en su fallo.
Rápidamente, Trump reaccionó en su red Truth Social al fallo, piedra angular de su estrategia comercial, y prometió que mantendrá los aranceles con “la ayuda de la Corte Suprema”.
“¡Todos los aranceles siguen en vigor! Hoy, un Tribunal de Apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos ganará al final. Si estos aranceles desaparecieran, sería un desastre total para el país. Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes“, escribió el presidente.
“Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales ni aranceles injustos, ni barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás. Si se permite que esta decisión se mantenga, literalmente destruiría a Estados Unidos […]. Durante muchos años, nuestros políticos, insensibles e imprudentes, permitieron que los aranceles se usaran en nuestra contra. Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema, los utilizaremos en beneficio de nuestra nación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico, fuerte y poderoso”, agregó en su posteo, visiblemente molesto con el fallo judicial.
Poco antes de que se emitiera el fallo, funcionarios del gobierno de Trump le advirtieron a la Corte de Apelaciones que calificar de ilegales los aranceles del presidente dañaría seriamente la política exterior de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, incluso habló sobre una “peligrosa vergüenza diplomática”.
Los jueces retrasaron la implementación de su orden hasta octubre próximo para dar tiempo al gobierno a solicitar la revisión de la Corte Suprema, lo que permite que los aranceles se mantengan vigentes por ahora.
La Casa Blanca también podría dejar que el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos (CIT, por sus siglas en inglés), revise el asunto primero. En su fallo del 30 de mayo, el CIT determinó que Trump usó indebidamente la Ieepa para imponer aranceles amplios, una facultad conferida al Congreso por la Constitución.
El fondo de la pulseada judicial, cuyo podría tener enormes efectos en el comercio global, reside en hasta qué punto Trump podría invocar una ley de emergencia económica vigente desde hace décadas para imponer aranceles devastadores a los principales socios comerciales del país.
La ley no menciona los aranceles, pero el presidente se ha valido de la norma para aplicar de todos modos nuevos y amplios gravámenes, con el objetivo de reestructurar las relaciones comerciales de Estados Unidos y recaudar miles de millones de dólares en ingresos.
“Trump ejerció legítimamente las facultades arancelarias que le otorgó el Congreso para defender nuestra seguridad nacional y económica de amenazas extranjeras”, declaró el secretario de Prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado, luego del fallo de este viernes. “Los aranceles del presidente siguen vigentes y esperamos una victoria definitiva en este asunto”, añadió.
Las atribuciones que se tomó Trump sobre un amplio poder comercial provocaron de inmediato impugnaciones legales por parte de pequeñas empresas y estados norteamericanos, que alegaron haber sufrido perjuicios económicos por impuestos sobre productos extranjeros que el presidente no tenía derecho a imponer.
La administración Trump sostiene que el presidente tiene amplias facultades para imponer aranceles bajo esta ley de emergencia, que rara vez se utiliza, y que sus decisiones no pueden ser revisadas por ningún tribunal.
En mayo pasado, poco después del llamado “Día de la liberación” del 2 de abril, un fallo de un tribunal comercial federal invalidó muchas de las decisiones comerciales del presidente con el argumento de que la ley no le otorgaba “autoridad ilimitada” para librar su guerra tarifaria global.
En ese momento, rápidamente la administración Trump apeló, y el tribunal permitió al presidente mantener sus aranceles mientras los jueces evaluaban la legalidad de sus acciones. Esto permitió que la Casa Blanca ampliara el uso de aranceles este mes —con una nueva serie de gravámenes dirigidos a más de 90 países— incluso antes de que los jueces de apelación pudieran emitir su fallo.
La Argentina, que con varias misiones de funcionarios en Washington mantuvo negociaciones con los principales encargados de diseñar la estrategia comercial de Trump, quedó entre los países con una alícuota base del 10% sobre sus exportaciones a Estados Unidos.
Brasil, entre otros países, fue uno de los más afectados, con un arancel del 50%, justificado por Trump en razones más políticas que comerciales, por la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro, aliado del líder republicano.