El fiscal federal Carlos Stornelli firmó el dictamen con el que abre la investigación penal por presuntos hechos de espionaje ilegal tras la denuncia radicada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores o instigadores”, dice el dictamen al que accedió Clarín.
En el marco de la denuncia formulada por el Gobierno nacional, el representante del Ministerio Público Fiscal determinó la apertura de un expediente, pero hizo la siguiente consideración en relación a investigar a periodistas: “En primer lugar, debo decir que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.
En la denuncia del Gobierno, el Ministerio de Seguridad pidió allanar el streaming Carnaval, y los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico. También el del abogado vinculado a los servicios de inteligencia Franco Bindi.
La instrucción de la causa, dijo el fiscal Stornelli en su dictamen, procurará develar si, como dice el denunciante, “lo ocurrido formaría parte de una trama más amplia, que involucra a la oposición kirchnerista en una campaña de desinformación para derrocar al gobierno.”
En otro tramo el escrito, el fiscal recuerda que para el ministerio de Bullrich lo ocurrido “formaría parte de una trama más amplia y que algunos de los periodistas de los que señala se animan a chantajear a funcionarios espiados ilegalmente y por lo cual podemos afirmar que la maniobra que será objeto de estudio no debe limitarse a los audios mencionados de Karina Milei si no en la génesis de la operación que encuentra su punta pie inicial en supuestas grabaciones del mismo tenor efectuadas sobre otro entonces funcionario público”.
Se infiere -dice en el tramo final el dictamen- “que todas o parte de esas grabaciones habrían ocurrido no solo respecto de funcionarios federales de alto rango si no en lugares donde el gobierno tiene absoluta y exclusiva jurisdicción, lo que deja habilitada sin más la competencia del juez”.
Stornelli detallo que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.
Más allá de que la denuncia es por presunto espionaje legal, la fiscalía investigará otros posibles delitos que eventualmente se descubran en la investigación.
Bajo este criterio inicial, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, “no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equívoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública. De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.
La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto en representación legal del Ministerio de Seguridad de la Nación, y expuso “presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia y de otras posibles conductas ilícitas a establecer”.
Los hechos denunciados
El planteo fue en función de los audios que involucran a la Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente de la Nación, Karina Milei. Ante este escenario, y el justicia civil y comercial, el Poder Ejecutivo logró una cuestionada medida cautelar para que no se difundan más audios que involucren a la funcionaria.
Al argumentar las sospechas de presuntos hechos ilegales, la denuncia que da origen a la causa por supuesto espionaje ilegal sostiene que los audios de Karina Milei se habrían captado de forma irregular, «para luego procederse a su edición, manipulación, tergiversación y difusión clandestina, amplificándose a través de redes sociales y de ciertos medios de prensa que habrían sido elegidos deliberadamente, algunos intencionalmente y otros sorprendidos en su buena fe, con el propósito de desacreditar la imagen del Gobierno en ejercicio influyendo ilegítimamente en la opinión pública e instalando posibles falsas acusaciones”.
Por otro lado, el abogado del Ministerio de Seguridad indicó que los audios difundidos buscaban, además, “alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica, influenciar en el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas -tanto a nivel nacional como provincial-, provocar una crisis de naturaleza política e interferir indebidamente en el funcionamiento de uno de los Poderes del Estado Nacional”.