A casi ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que costó la vida de sus 44 tripulantes, la causa penal que investiga las posibles responsabilidades de altos mandos de la Armada Argentina enfrenta una nueva encrucijada judicial. La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver qué tribunal será el encargado de llevar adelante el juicio oral. La Sala IV fijó una audiencia para el 29 de septiembre, en la que escuchará a todas las partes involucradas antes de definir la jurisdicción.
La discusión gira en torno al Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos, Santa Cruz, actualmente a cargo del expediente. El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los marinos fallecidos, cuestionó su competencia y planteó que el juicio debería realizarse en Mar del Plata, ciudad desde la que zarpó el submarino y donde está ubicada la base de la Fuerza de Submarinos. A su pedido adhirieron las defensas de los imputados Luis Enrique López Mazzeo y Claudio Villamide, quienes también propusieron como sede alternativa los tribunales de Buenos Aires, por considerarlo el centro de decisiones operativas de la Armada.
La causa, instruida por la jueza Marta Yáñez en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, fue elevada a juicio con cuatro oficiales imputados por estrago culposo agravado, incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público. El TOF santacruceño decidió rechazar los cuestionamientos y ratificó su competencia. Sin embargo, el fiscal de juicio Julio Zárate opinó lo contrario y sugirió que el debate se traslade a Mar del Plata, último puerto del buque.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, admitió los recursos presentados por el fiscal y por la defensa de Villamide, y aceptó tratar la cuestión antes del inicio del juicio. En su resolución, Borinsky y Carbajo destacaron la necesidad de abordar el tema en esta etapa temprana del proceso, para evitar nulidades o conflictos mayores cuando el juicio ya esté avanzado. “Resulta oportuno darle tratamiento ahora a la cuestión, a fin de no generar perjuicios irreparables”, expresaron.
En una postura distinta, el juez Hornos votó por declarar inadmisibles los recursos, aunque coincidió en que, llegado el momento, será “trascendental oír a las partes” para resolver el fondo del planteo.
Actualmente, los imputados —entre ellos el entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento, Luis Enrique López Mazzeo, y el ex jefe de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide— enfrentan cargos por presuntas negligencias en el mantenimiento, preparación y control de la nave. La acusación sostiene que se omitieron advertencias técnicas y que se mantuvo operativo un submarino en condiciones inadecuadas para navegar.
Por su parte, la defensa oficial de los otros dos marinos acusados, Héctor Alonso y Hugo Correa, junto a la abogada querellante Valeria Carreras, se pronunciaron a favor de mantener la jurisdicción en Santa Cruz. Alegaron que los jueces del TOF de Río Gallegos están en mejores condiciones para comenzar el debate sin más dilaciones.
La audiencia de Casación del próximo 29 de septiembre será decisiva. Lo que está en juego no es solo una cuestión de geografía judicial, sino también el inicio de un juicio largamente esperado por familiares y por una sociedad que aún exige respuestas. La definición de qué tribunal juzgará a los responsables marcará un punto de inflexión en una de las causas más sensibles de los últimos tiempos.