El fallo del juez federal Guillermo Díaz Martínez, que ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad la restitución de las pensiones no contributivas que fueron retenidas en el marco del decreto 834/24, tomó una fuerte trascendencia en el país ya que, a diferencia de lo ocurrido antes en La Rioja, en esta oportunidad el juez pidió que el organismo le devuelva a los beneficiarios el dinero que les retuvo injustamente. En declaraciones periodísticas, Díaz Martínez advirtió sobre el riesgo de que el proceso se dilate en el tiempo y pidió celeridad en dar una respuesta clara. La apuesta es que este se inscriba como un proceso colectivo, lo que ampliaría la cobertura a todo el universo nacional de pensionados por discapacidad.
«Hubo personas que se han anoticiado de que no tenían más esta pensión porque los haberes no fueron depositados en sus cuentas, o porque debían ir al correo a retirar los telegramas, los cuales tenían un lenguaje técnico muy complicado para el común de la gente. Las personas con discapacidad no pueden esperar a que esto tenga una resolución administrativa o judicial sin que se dé una respuesta clara», dijo el juez y señaló que buscarán saber si estos actos administrativos se ajustaron al procedimiento legal y constitucional. «Es el Estado el que tiene que responder y explicar la situación, y no las personas con discapacidad. El Estado está en las mejores condiciones para responder y explicar en cada caso por qué ha suspendido, y si lo ha suspendido correctamente será así. Pero en los otros casos tendrá que demostrar que ha actuado con razonabilidad», advirtió.
Por su parte, la titular de APYFADIM, Griselda Bazán, valoró el fallo de la Justicia y aseguró que «han sido días de mucha preocupación, dolor e impotencia de familias que se comunicaban con la institución para avisar que no habían cobrado la pensión y la tenían suspendida». «Estuvieron muy mal los de control y auditoría. APYFADIM vela por estas pensiones injustamente dadas de baja», señaló.
«Yo sé que hay pensiones que no corresponden, que han sido entregadas como favores políticos. En este caso no; estamos hablando en su mayoría de gente que tiene parálisis cerebral», dijo Bazán y denunció que hubo maltratos a pensionados en el interior. Según comentó, solo en APYFADIM tomaron conocimiento de 32 personas afectadas por la medida nacional.
Pedido de ampliación
Por su parte, los diputados provinciales de Fuerza Patria presentaron al juez Díaz Martínez un pedido para que el recurso de amparo que interpusieron el pasado 3 de septiembre sea acumulado con la medida cautelar a la que ya hizo lugar en el marco de la causa iniciada por el Defensor del Pueblo. El amparo presentado por los legisladores busca el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por discapacidad que fueron suspendidas. Según señalaron, la suspensión de las pensiones se realizó sin una comunicación fehaciente, lo que dejó a los beneficiarios en una situación de total vulnerabilidad.
Libertarios, al choque
La candidata a diputada por La Libertad Avanza Valentina Reynoso se refirió al tema y aseguró que «el kirchnerismo habla de pensiones por discapacidad, pero en Catamarca callaron frente al saqueo de OSEP». «Familias enteras quedaron sin derivaciones. Pacientes graves esperan reintegros que nunca llegan. Enfermedades complejas sin cobertura completa. Esa es la verdadera cara de Jalil, la corrupción y el ajuste en salud. Hoy intentan mostrarse como defensores de los más vulnerables, cuando fueron cómplices del vaciamiento. Nosotros no improvisamos: defendemos con coherencia, todos los días, a quienes el Gobierno Provincial abandona», dijo.
«Los que votamos a Milei esperamos que todos rindan cuentas de los gastos, inclusive el mismo Presidente, y una vez que lo hagan se analizará si tienen razón en reclamar. Perdón, pero se robó tanto en la política en nombre de la justicia social y del Estado presente que ya no se les cree nada a muchos. Nos afanaron tanto que ya sospechamos hasta del ordenanza», lanzó el diputado Federico Lencina.