Caso Rojas: designan un nuevo equipo para relevar registros de cámaras y documentación

En el marco de la investigación por el homicidio del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, el Ministerio Público Fiscal dispone la conformación de un nuevo equipo de investigadores judiciales y ordena un exhaustivo relevamiento de documentación y registros fílmicos vinculados a la causa.

La medida se adopta a partir de las deficiencias detectadas en la preservación de imágenes de cámaras de seguridad durante el período considerado crítico para la investigación, según surge de informes de la Policía Judicial y de las actuaciones del sistema SAE-911. Ante esta situación, la Fiscalía resuelve extremar los recaudos investigativos para identificar y eventualmente requerir material que no haya sido correctamente resguardado.

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Mediante una disposición firmada este viernes 6 de febrero, se autoriza a un equipo especializado integrado por cuatro agentes de la Policía Judicial a realizar una compulsa directa y personal en distintas dependencias de la Capital y Valle Viejo. El relevamiento alcanza a las once Unidades de Investigaciones Judiciales de la Primera Circunscripción, las Unidades de Violencia de Género, todas las comisarías seccionales de ambas jurisdicciones y la División Informática de la Policía de la Provincia.

El objetivo es identificar actuaciones judiciales o policiales realizadas entre el 2 y el 7 de diciembre de 2022 en las que se haya ordenado la preservación o se haya recibido material fílmico, tanto de fuentes públicas como privadas, que capten la circulación de vehículos o personas. En ese marco, también se ordena la entrega inmediata de libros de novedades y copias certificadas de partes de guardia correspondientes a esos días.

Desde el Ministerio Público se indica que el equipo queda plenamente facultado para acceder a registros físicos e informáticos, expedientes archivados o reservados y al sistema de gestión de expedientes, con el fin de subsanar falencias previas y fortalecer la obtención de pruebas. Las autoridades de las dependencias involucradas deben garantizar el acceso requerido, bajo apercibimiento de ley ante cualquier obstrucción. Según se informó, estas medidas forman parte de una nueva etapa de la investigación y se orientan a la posible recopilación y secuestro de documentación relevante para el esclarecimiento del caso.