viernes, 6 de febrero de 2026 19:05
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció este miércoles que mantiene conversaciones con el Gobierno argentino y otros países sobre la posibilidad de aceptar migrantes de terceros países deportados desde territorio estadounidense, aunque aclaró que no existe ningún acuerdo firmado ni en proceso de concreción.
Rubio realizó las declaraciones durante una rueda de prensa posterior a una cumbre sobre minerales críticos celebrada en Washington, de la que participaron representantes de más de 50 países. Consultado por versiones periodísticas, el funcionario señaló: “Hemos tenido conversaciones sobre países dispuestos a aceptar a ciudadanos de terceros países, pero no tenemos ningún acuerdo ni nada concretado”.
Las afirmaciones del canciller estadounidense se produjeron luego de que el diario The New York Times publicara en enero que la administración de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei mantenían negociaciones avanzadas para un acuerdo migratorio. Según el medio, el eventual pacto permitiría a Estados Unidos enviar a ciudadanos extranjeros a la Argentina, desde donde se les ofrecería la posibilidad de regresar a sus países de origen.
En ese marco, Rubio buscó bajar el tono de las versiones y agregó: “Sé que ha sido objeto de filtraciones a los medios de comunicación, y a veces estas filtraciones tienen intenciones maliciosas, pero sin duda Argentina es un gran socio en todos los aspectos”.
Desde el Gobierno argentino, en tanto, fuentes oficiales dejaron trascender que si bien existieron sondeos informales y conversaciones preliminares con la administración estadounidense, está totalmente descartada la posibilidad de avanzar en un acuerdo de este tipo. El propio presidente Javier Milei fue categórico al respecto y compartió en la red social X un mensaje en el que calificó la información publicada por el medio estadounidense como “100% falsa”.
Según trascendió, la evaluación interna realizada por el Ejecutivo argentino concluyó que la iniciativa resulta inviable por su alto costo político y operativo en el frente interno. Entre los factores considerados se mencionan cuestiones administrativas, migratorias, penitenciarias, de seguridad y de derechos humanos, aun cuando la propuesta de Washington contemplara el financiamiento total para la construcción de cárceles destinadas a alojar a los deportados, bajo un esquema similar al implementado en El Salvador.
La propuesta implicaba que la Argentina recibiera no a ciudadanos propios repatriados, sino a migrantes de otras nacionalidades, como venezolanos, cubanos o haitianos, que Estados Unidos no puede o no quiere devolver a sus países de origen. De acuerdo con The New York Times, este mecanismo permitiría a Washington acelerar los procesos de expulsión evitando obstáculos judiciales o humanitarios en sus propias cortes.
Si bien nunca se oficializaron cifras ni montos, este tipo de acuerdos —conocidos como de “tercer país seguro”— suelen incluir asistencia económica para cubrir los costos de logística, seguridad y mantenimiento. De haberse concretado, la Argentina se habría sumado a un grupo reducido de países que colaboran con los planes de deportación masiva de Estados Unidos, entre ellos Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica.