Destacan fallo de la Cámara: «No había un daño colectivo»

Los principales referentes de La Libertad Avanza en Catamarca, el diputado nacional Adrián Brizuela y la titular de la regional NOA de ANSES, Myrian Juárez, destacaron el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que revirtió la sentencia del Juzgado Federal nº2 de Catamarca, que el año pasado había otorgado carácter colectivo al reclamo por las pensiones por invalidez y había obligado a la Agencia Nacional de Discapacidad a restituir el beneficio. Para ambos, lo más importante es que la Justicia valoró que no existía un daño colectivo y que cada caso debe analizarse en particular. Brizuela, por su parte, dijo que no puede desestimarse el componente político: «Dalmacio Mera quería justificar el cargo en la Defensoría del Pueblo», lanzó.

«Más allá del argumento jurídico medular, que es que el Defensor del Pueblo de Catamarca no tiene competencia nacional, uno no puede dejar de analizar el contexto político», explicó Brizuela en diálogo con El Ancasti.

«Dalmacio Mera creyó que tenía en bandeja la oportunidad de mostrar que el carguito que le inventaron servía para algo tan rimbombante como ‘defender los intereses del colectivo discapacidad’. Eso lo lleva a cometer semejante error. En ese momento ya lo decíamos en nuestro espacio, y lo dice el fallo: era un delirio poner a todos en la misma bolsa, una verdadera injusticia. Con la sentencia, a quienes habían estafado al Estado cobrando pensiones truchas durante años se les restituía el beneficio. Por otra parte, las bajas a beneficiarios con discapacidades ‘reales’ eran mínimas y eran producto de errores en la notificación», explicó el diputado nacional.

En este sentido, insistió en que esta discusión se dio «en pleno proceso electoral» y, a su criterio, sirvió para que el justicialismo «adoptara el discurso de que los libertarios están ajustando en discapacidad». «Lo que estábamos haciendo era ordenar un sistema que había sido utilizado como herramienta política electoral, y no para lo que había sido diseñado: para ayuda a los discapacitados», indicó. «Celebro que la Cámara haya revertido el fallo de primera instancia que es contundente tanto para el juez (por Guillermo Díaz Martínez) como para el Defensor del Pueblo (por Dalmacio Mera). Bajo ninguna circunstancia se podía inferir un daño colectivo», sentenció.

Por su parte, Myrian Juárez remarcó que «no es justo restituir la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez sin analizar la discapacidad real existente». «El tribunal argumentó que la situación de cada beneficiario es distinta y debe evaluarse de forma individual, rechazando la idea de que existió un procedimiento de suspensión irregular generalizado. La Cámara determinó que no existía un único hecho generador del daño para todo el colectivo y advirtió que, en algunos casos, la suspensión del beneficio fue correcta y en otros fue preventiva», resaltó Juárez en sus redes sociales, al compartir la nota publicada por El Ancasti en su edición de ayer. «Cada caso debe ser evaluado individualmente. Muy bien por la Justicia», remarcó.

El pasado viernes 13, la Cámara Federal de Tucumán dio lugar a la apelación presentada por el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y resolvió revocar el fallo del Juzgado Federal nº2 de Catamarca, que había ordenado la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas bajo el Decreto 843/24 y había declarado de carácter colectivo una demanda iniciada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca. Para la Cámara, la Defensoría no podía actuar contra un organismo nacional.

Lo resolvieron los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Mario Sanjuan y Marina Cossio, con la disidencia de Fernando Poviña, quien consideró que con la nueva ley de emergencia en Discapacidad la cuestión debía quedar en abstracto. No intervino la jueza Patricia Moltini porque estaba de licencia.