Es mediodía y Martina, administrativa en un ministerio de la Provincia de Buenos Aires, abre el tupper con tarta y ensalada que trajo de su casa. Desde hace dos semanas, a la planificación de la vianda le debe sumar la categoría de comidas que se pueden comer frías. Es que el único microondas que tiene el edificio de más de cincuenta oficinas en el que trabaja se rompió y no hay señales de que vayan a venir a arreglarlo pronto. A medida que avanza el mes, la vianda se va reduciendo. En la última semana el tupper se convierte en una bolsita con dos frutas y una servilleta. Espera llegar a su casa para directamente cenar.
El de Martina no es un caso aislado: es el retrato de millones de trabajadores asalariados en Argentina. Un estudio publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en convenio con Edenred, describe que el 83,5% de los asalariados, el sector más protegido del mercado laboral, experimenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, ya sea porque sacrifica la cantidad o la calidad de lo que consume o porque llega a experimentar ambas carencias de manera simultánea (56,2%).
Saltear comidas y comer mal: el ajuste silencioso
La privación alimentaria en el trabajo tiene dos caras. La más visible es saltarse una comida: el 61,1% de los asalariados reconoció haberlo hecho por razones económicas. La otra, resignar calidad: el 78,5% optó alguna vez por alimentos menos nutritivos como comidas al paso y ultraprocesados.
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El efecto se acentúa entre los más jóvenes como Lucas, que tiene 24 años y trabaja como cadete en una empresa de logística del sur del conurbano. Entra a las 8 y sale a las 18. En su trabajo no hay comedor, no hay cocina, ni heladera. Al mediodía compra lo que puede en el kiosco de la esquina: una gaseosa y una bolsa de papas fritas, o un sándwich de miga si el día le fue bien.
Siete de cada diez trabajadores de entre 18 y 29 años se saltan comidas por razones económicas, frente a menos de la mitad de los mayores de 60. “Esta disparidad sugiere que la falta de antigüedad, los salarios iniciales más bajos y la precariedad inherente a las primeras experiencias laborales exponen a los jóvenes a una privación mucho más recurrente”, muestra el estudio.
El sector público, allí donde trabaja Marina, es otro de los puntos mas sensible al hablar de vulnerabilidad alimenticia en el ambiente laboral. El 73,2% de los empleados estatales se saltaron comidas, superando en más de 17 puntos a los del sector privado (56%). “El fenómeno se agrava en las áreas con índices históricos de pobreza”, explica el informe al mostrar que en el NOA, el 70,8% de los asalariados se privó de comer en algún momento de la jornada y, en el NEA, esa cifra llega al 67,1%.
Quién paga la comida
Resolver el almuerzo durante la jornada presencial tiene un costo que, en su mayoría, afronta el empleado. La franja más común de gasto es entre $5.001 y $10.000 por día, un monto que para quien gana $800.000 por mes representa el 12,5% de su ingreso diario.
En el sector público, el 13,2% de los trabajadores gasta más de $20.000 por día, frente al 5,7% en el sector privado. “Al contar con menos comedores y aportes del empleador, el trabajador estatal suele recurrir con más frecuencia a comidas externas”, explica el informe.
Solo el 44,4% de los asalariados recibe algún aporte de su empleador para alimentarse durante la jornada. Y esa cobertura no llega donde más se necesita: entre quienes ganan más de $2.000.000 por mes, el 58,3% tiene el beneficio; entre quienes cobran hasta $800.000, apenas el 39,8%. En el sector privado lo recibe casi la mitad (49,6%); en el público, solo el 32,2%. “Quienes están recibiendo aportes para alimentación son los sectores sociales más aventajados del sector formal”, señaló Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante la presentación del estudio. “Uno de los datos más graves del informe”, asegura Tuñón, “es el dato del Índice de Masa Corporal, que es mayor al promedio”. El 59,7% de los asalariados está por encima del peso recomendado.
La reforma laboral
El contexto de este informe coincide con la aprobación de la Reforma Laboral que “podría ampliar el alcance de los beneficios alimentarios laborales en Argentina al extender el concepto de servicio de comedor más allá de los espacios físicos dentro de la empresa” consignó BárbaraGranatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina yMedio Oriente de Edenred ante la pregunta de eldiarioAR.
Hasta ahora, la legislación consideraba beneficio social no remunerativo, es decir, exento de aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias al hecho de que una empresa proveyera un comedor en sus propias instalaciones. Ese esquema beneficiaba principalmente a las grandes empresas con capacidad de infraestructura y a los trabajadores de escritorio con empleo fijo.
La reforma amplía esa definición para incluir también a los llamados comedores externos, que son los comercios cercanos al lugar de trabajo. En la práctica, esto significa que una empresa podría entregar a sus empleados un monto monetario o una tarjeta para que almuercen en establecimientos cercanos, y ese beneficio seguiría siendo no remunerativo tanto para el empleador como para el trabajador.
El problema es que la medida es optativa. Y si los datos del informe muestran algo, es que cuando los beneficios alimentarios quedan librados a la voluntad del empleador llegan, con suerte, a quienes ya están mejor: los sectores de mayores ingresos, las empresas más grandes, el sector privado. Los mismos de siempre. El tupper frío sobre el escritorio de Martina no es solo un problema de logística. Es el síntoma de un sistema que, por acción o por omisión, todavía no garantiza a millones de trabajadores algo tan básico como poder comer bien mientras trabajan.
Fuente: ElDiarioAR