La fuerte repercusión que tuvo la “guerra de bengalas” indujo al Ministerio de Educación a tomar medidas en contra de los alumnos involucrados y los responsables del establecimiento acordes al escándalo.
No puede dejar de señalarse que los alumnos llevaron la peor parte, con una expulsión definitiva sin mayores trámites, mientras que los docentes que los tenían a cargo fueron suspendidos preventivamente hasta que los sumarios correspondientes establezcan sus eventuales culpas. Lonja implacable para los transgresores, sanciones “a pillar” para el personal de la escuela, que ya sabrá encontrarle la vuelta burocrática al asunto para zafar. Ejemplificador contraste, muy edificante y educativo: a los jerarcas se les otorga el derecho a defensa, a los alumnos se les niega.
Que vayan sabiendo cuán injusto es el mundo, qué tanto; que se templen.
Que el incidente podría haber tenido consecuencias gravísimas para la integridad física de los improvisados combatientes y amerita medidas disciplinarias está fuera de discusión. Sin embargo, no deja de ser una travesura perpetrada por adolescentes irresponsables; una estupidez por suerte inocua, a la que podrían aplicarse represalias mucho menos drásticas que el destierro y la estigmatización.
La sanción ha precipitado discusiones de corte leguleyo, pero tal vez convenga considerar otros ingredientes antes de abordarlas.
Los alumnos fueron expulsados sin contemplaciones; quienes los tenían a cargo tendrán derecho a defensa. Lindo ejemplo Los alumnos fueron expulsados sin contemplaciones; quienes los tenían a cargo tendrán derecho a defensa. Lindo ejemplo
Sería interesante preguntarse, por ejemplo, si la reacción del Ministerio de Educación hubiera sido tan enérgica si el episodio no cobraba una trascendencia que lo llevó a los titulares nacionales. Es decir: ¿Los alumnos fueron expulsados por su peligrosidad o porque pusieron en situación incómoda a las autoridades de la cartera educativa y de la escuela?
Los catones prestos a levantar sus dedos rigoristas proliferan mientras omiten este elemental interrogante. Desconocen el prontuario de los protagonistas de la salvajada, no saben si son vándalos reincidentes, sujetos problemáticos o violentos consuetudinarios. Lo único que tienen para solventar sus tajantes opiniones es el video de unos inconscientes jugando a tirotearse con bengalas.
Es un signo de la época que haya bastado la viralización de las imágenes de un episodio aislado, muy peligroso por supuesto, para que medio mundo se asignara el derecho de extrapolar conclusiones sobre las lamentables derivaciones del desenfreno juvenil y pontificar acerca de la necesidad imperiosa de reprimirlo.
Temas como las patologías anímicas que se expanden entre los adolescentes, las adicciones, las enfermedades de trasmisión sexual o los problemas de aprendizaje no estimulan debates tan ardorosos. Debe ser porque no son tan espectaculares, ni tan sencillos de resolver con expulsiones.
El apoderado del Colegio Quintana, Rubén Martí, para colmo, advirtió ayer sobre la posibilidad de que el Ministerio de Educación se haya apartado de la ley.
“No sé cómo puede expulsar alumnos, cuando no está reglamentado”, dijo. Según explicó, las sanciones deben respetar la continuidad pedagógica de los estudiantes y no pueden depender únicamente de la viralización de un video o de la presión de la opinión pública.
“Somos profesionales de la educación y tenemos que evaluar estas situaciones de manera sopesada”, señaló.
Cuánta razón. La sensatez debería primar sobre los impulsos sobre todo en el ámbito educativo.
Faltaría que el Ministerio de Educación, afligido por el escandalete, no haya tenido la básica precaución de fijarse en el alcance de sus competencias.