Aunque presentó una serie de recursos para evitar ser trasladado a Córdoba, el exgerente de Adhemar Capital, José Armando Blas, viajó acompañado de personal de Gendarmería y se presentó ante la fiscal de Delitos Especiales de esa provincia, Valeria Rissi, quien lo notificó de la imputación que pesa en su contra en uno de los 20 hechos que se investigan en esta segunda etapa. La defensa del exsocio del ‘Trader God’ sostiene que no existen elementos para sostener esa imputación y pedirá que sea sobreseido.
Blas está detenido en Catamarca con prisión preventiva domiciliaria y tobillera electrónica desde abril de 2022, procesado como «coautor de intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita» por la Justicia Federal de Catamarca.
Ahora suma esta nueva imputación, por estafa, en uno de los 20 hechos nuevos que le endilgan al ‘Trader God’ Edgar Adhemar Bacchiani. «No hay pruebas en contra de él, solamente a través de terceros. Es por un único hecho, en el que no tuvo participación: no firmó ni el contrato de inversión ni los documentos que se firmaban en esa empresa. Nuestro próximo paso es solicitar el sobreseimiento en esa causa», adelantó a El Ancasti el abogado Eduardo Aguilar, uno de los asesores legales de Blas. Trabaja en conjunto con Gerard Gramática Bosch y Debora Ferrari, dos abogados contratados en Córdoba.
Blas fue trasladado el miércoles por personal de la Agrupación VIII de Gendarmería Nacional, desde su casa hasta el Palacio de Justicia II, de barrio Observatorio, en la provincia vecina. El pedido de traslado había sido realizado por la fiscal cordobesa Valeria Rissi, titular de la Fiscalía de Instrucción N°27 perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, y el viernes pasado fue autorizado por el juez federal Miguel Ángel Contreras.
Como Blas posee una tobillera electrónica, se puso en conocimiento al Servicio Penitenciario Provincial para que realice el seguimiento. Este elemento es portado por una decisión de la Justicia Federal de Catamarca, pero la misma información está al alcance de la Justicia cordobesa.
Blas intentó declarar de manera virtual, alegando la imposibilidad de dejar su domicilio en atención a que debe cuidar de la salud de su hijo, pero esta posibilidad fue descartada.
La causa
El 12 de marzo pasado, horas después de que la Justicia de Córdoba confirmó la condena de nueve años de prisión para el ‘Trader God’ Adhemar Bacchiani por 50 hechos de estafa que fueron reconocidos por él para acceder al juicio abreviado, la fiscal Valeria Rissi avanzó con medidas respecto de estos nuevos 20 hechos.
Esa tarde, a través de un exhorto, ordenó allanamientos en el domicilio de José Blas, donde se secuestraron algunos documentos y dispositivos. La defensa del exsocio de Adhemar explicó luego que la Fiscalía se llevó «anotaciones personales de Blas», un celular que sería de su esposa, y una computadora que era utilizada por sus hijos. «Él no tiene acceso a ningún dispositivo electrónico», remarcó su abogado Aguilar por entonces.
Medios de comunicación de Córdoba advirtieron que la Fiscalía de Rissi tiene, además de estos 20 hechos, otras 128 denuncias en etapa de investigación preliminar.
Todo este episodio del 12 de marzo inevitablemente recordó al precedente que involucró al juez de Garantías nº1, Rodolfo Maidana, quien protagonizó un episodio polémico en abril 2022 cuando la Justicia cordobesa lo acusó de demorar la orden de detención contra Bacchiani, quien finalmente fue detenido por la Justicia Federal de Catamarca.
En Córdoba, Rissi había imputado en marzo a Bacchiani por “estafas reiteradas» y le impuso una caución real de $40 millones para el mantenimiento de su libertad. El fallido trader pidió una prórroga pero no la cumplió, por lo que la fiscal ordenó su detención el 19 de abril. Sin embargo, eso recién se conoció en Catamarca el 22 de abril por la mañana, cuando la Justicia Federal ya había detenido a Bacchiani y sus laderos. Los policías de Córdoba que habían llegado especialmente para el hecho se tuvieron que conformar con algunos elementos secuestrados.
Por este hecho se acusó a la Justicia Federal de Catamarca de entorpecer la investigación. Allí se generó un conflicto de competencia que aún no está resuelto.
Tras la condena del Tribunal de la Cámara en lo Criminal y Correccional nº10 de Córdoba, todos los dispositivos volvieron a disposición de Rissi y se dispuso el «decomiso en favor del Estado Provincial» de otros elementos secuestrados para la causa. También se ordenó el decomiso del remanente de bienes y/o dinero que pudiera existir una vez cumplimentada la quiebra que se tramita en Catamarca, en el Juzgado Comercial nº2 de María Virginia Cano.