El juez federal Sebastián Casanello ordenó allanar la imprenta Rumbos que figura en varias rendiciones de gastos que el Polo Obrero realizó ante el Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández. Decenas de facturas fueron analizadas y en ellas figuraban múltiples servicios. Cuando este lunes se realizó una inspección en el lugar, se determinó que la firma no existía ni funcionaba en el lugar consignado.
El 26 de junio, Eduardo Belliboni, referente de la Asociación Civil Polo Obrero, deberá presentarse en Comodoro Py para declarar en calidad de imputado, por extorsión, coacción y administración fraudulenta.
Cuando Casanello lo citó a esa indagatoria, dio por acreditado que varias personas nucleadas en la Asociación Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor habrían «administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo».
En este punto es donde la imprenta entra en la maniobra: el juzgado determinó el uso de facturación apócrifa y la «simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA.
Las dos firma, fueron utilizadas para «disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos». Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado».
Cuando el juzgado analizó la rendición de gastos en función de los convenios firmados entre el Polo Obrero y el ministerio que dirigió Victoria Tolosa Paz, el primer informe arrojó que el 25% de los gastos rendidos correspondían a la simulación de gastos, es decir: usaban facturas apócrifas.
La imprenta Rumbos era contratadas «para diversos fines», indicaron fuentes judiciales a Clarín: resmas de hojas, impresiones, fletes y otros rubros consignados en las facturas bajo estudio.
A la fecha hay cerca de 25 millones de pesos que el Polo Obrero volcó en 126 facturas que están bajo investigación.
Por ese motivo, el juez ordenó el allanamiento del lunes, pero al llegar al domicilio dieron con una sede partidaria del Polo Obrero, un diario y un estudio jurídico. Nada de eso fue allanado, explicaron fuentes judiciales a Clarín, y sólo buscaron la dirección que figura a nombre de Imprenta Rumbos.
La empresa que figura en las rendiciones que firmó Eduardo Belliboni y presentó ante el Desarrollo Social «no existía en el lugar declarado», se determinó en el marco del expediente judicial.
El expediente reveló la exigencia a los beneficiarios finales de los planes sociales y a las personas que asistían a los comedores que dependían del Polo Obrero, «que concurran a movilizaciones político partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal«.
En el marco de la investigación se hace foco también en la parte administrativa que involucra la firma de los convenios cuya normativa prohibía la aplicación de los fondos públicos, a actividades político partidarias.
Las exigencias a las que se sometía a los beneficiarios de los planes sociales, explicó el juez, «les eran transmitidas por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad».
Este accionar también se corroboró en la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.