Después de noventa días, la Corte de Justicia respondió un pedido de información que había presentado la diputada María Argerich (UP) respecto del aumento salarial que el Máximo Tribunal había resuelto para los empleados judiciales a fines de diciembre pasado. La respuesta fue remitida por el ministro José Cáceres, quien no respondió con la información solicitada sino con los argumentos por los cuales decidió desestimar la presentación realizada. Argerich lamentó el episodio y consideró que sería bueno que la Corte «empiece a rendir cuentas» de sus actos. «¿Será que es Cáceres el que sigue manejando la Corte?», se preguntó.
«El 7 de enero presenté una nota a la Justicia solicitando información sobre los aumentos de sueldos. Fiel a su estilo, tarde y abstraído de toda realidad, hoy me contestó el ministro Cáceres. Nueve hojas de una ‘clase de derecho, con fallos y conceptos’ para rechazar mi pedido», comentó Argerich, en un posteo que compartió en sus redes sociales.
En tal sentido, recordó que «la misma información la solicitó El Ancasti y le contestaron en menos de 48 horas». «¿Tendrán miedo de que el diario les publique algo?», se preguntó. «La nota fue dirigida al presidente actual (con relación a Hernán Martel) y me la responde Cáceres. ¿Será que, como dicen muchos en ‘la calle’, sigue manejando el destino de la Corte?», ironizó la diputada oficialista y vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
En esa línea fue que consideró que «sería bueno que la Justicia empiece a tener más obligaciones de rendir cuentas al pueblo de Catamarca, como tenemos todos quienes estamos en política».
Argerich había presentado el escrito en su carácter de «representante del pueblo» y, a partir de allí, Cáceres, que le respondió en su calidad de ministro de la Corte, ensayó sus argumentos para rechazar el planteo.
«Es evidente que existe una confusión respecto a las facultades que competen a un legislador», señaló Cáceres, para luego citar varios ejemplos en los que consideró que hay una «confusión entre el concepto de Poder Legislativo y el de legislador individual, ya que los informes deben ser remitidos a la Legislatura en su conjunto».
«No existe ninguna disposición que obligue a esta Corte de Justicia a remitir a la Cámara de Diputados el informe que prevé el artículo nº206, inciso 7 de la Constitución de la Provincia. La normativa dispone que la Corte debe informar ‘anualmente a la Legislatura sobre la actividad del Poder Judicial’. En forma clara, especifica que el informe debe ser remitido al órgano ‘Legislatura’, para otros ‘parlamento'», esgrimió el ministro.
De igual manera, Cáceres señala que la Corte «ha reconocido expresamente las facultades de contralor que tiene la Legislatura» y que, a pesar de no estar obligados, extendieron «las facultades a recabar información». «La Corte no limita el acceso de los legisladores a la información. Muy por el contrario, es el propio sistema que se ha autoimpuesto la Cámara de Diputados la que lo limita, ya que para pedir informes debe hacerlo con un proyecto de Declaración que debe ser tratado por una comisión antes de ser sancionado en el cuerpo», reparó.
«Se nos solicita un informe en base a la ley de emergencia, la cual nada tiene que ver con los pedidos de informes sino que está entrando a cuestionar la actuación de la Corte de Justicia en su tarea administrativa. Como ya dijimos anteriormente en respuestas tanto escritas como públicas, se puede solicitar el cómo hemos actuado administrativamente, pero nunca decir cómo debemos actuar en ese sentido. Es inconcebible que pretenda cuestionarnos porque no hemos aplicado la ley de emergencia. A pesar de ello, reiteradamente se ha dicho que las leyes de emergencia son una forma de evitar cumplir con la Constitución y los principios generales del derecho», criticó Cáceres.
Pedido de El Ancasti
El 7 de enero, El Ancasti presentó un pedido de acceso a la información que fue respondido una semana después por el secretario de la Superintendencia de la Corte, Sebastián Lípari. Así se conoció la resolución nº186 firmada el 23 de diciembre del año pasado y la escala salarial vigente al 1 de enero de este año, con lo que se confirmó que los judiciales recibieron un 12% de aumento en los haberes de diciembre. Las dudas se habían planteado ya que si bien había trascendido el aumento, se desconocía la resolución que lo había autorizado.
El Ancasti había solicitado copia del acuerdo concertado para el incremento de los salarios de los empleados del Poder Judicial y los suplementos salariales establecidos para los integrantes de la Corte y el resto de los miembros de la magistratura provincial; además de información pormenorizada sobre las escalas salariales, incluidos los emolumentos de los miembros de la Corte.