El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) anticipó que incorporará los nuevos elementos que surgieron tras la investigación de la fiscal Paola González Pinto para ampliar su denuncia en contra del fiscal de instrucción nº5, Hugo Costilla, y el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana. «La resolución de la fiscal es una luz de esperanza», dijo y destacó que el jury debe llevarse adelante. El lunes se reactivan los plazos.
«Tenemos nuevos elementos para ampliar la presentación que hicimos en su momento. Toda esta resolución tiene que formar parte de esa ampliación», remarcó Ávila en diálogo con El Ancasti.
Además, el diputado consideró que también surgieron otros elementos que se suman a su denuncia por mal desempeño al fiscal Hugo Costilla. «Negarle expresa colaboración a la Justicia Federal es una causal, lo advirtió el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz. También habría que ver qué pasó en la causa Wika (ver aparte). El fallo del juez Marcelo Sago es lapidario. Surge de ahí que podría existir la figura de falsificación de instrumento público, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay elementos para ampliar y los vamos a utilizar», anticipó.
En este sentido, destacó que la resolución emitida por la fiscal es «una luz de esperanza». «En la resolución desacreditó el procedimiento de Costilla y Maidana para aprobar un acuerdo de partes entre víctimas y victimarios en el asalto de Parque América. Es una posición correcta y fortalece el pedido de juicio político. Esto da una luz de esperanza de que pueda haber a futuro un mejor funcionamiento de la Justicia en Catamarca, de que se van a poner límites a los que operen fuera de la ley», aseguró.
Para Ávila, desde la decisión del jury en el juicio político que se le hizo al fiscal Laureano Palacios, del que salió absuelto, se envió «un mensaje muy fuerte y negativo a distintos miembros de la Justicia, que entendieron que a partir de ahí se podía hacer cualquier cosa porque no había castigo». «Por eso este juicio político se debe realizar. No se deben aceptar las renuncias y se debe poner un punto final a la impunidad», señaló. Además, aseguró que la resolución de la fiscal «condiciona a todos». «¿Qué va a hacer la conducción del Colegio de Abogados? Fueron los que salvaron a Palacios en el jury anterior. ¿Qué van a hacer los representantes políticos en el jury? La construcción de un sistema judicial más transparente es responsabilidad de todos», apuntó.
El 23 de diciembre, minutos antes de que el Poder Judicial entrara en feria, Ávila presentó el pedido de jury contra el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, y el juez de Control de Garantías nº1, Héctor Maidana, por el escándalo de las absoluciones pagas y pidió que fueran destituidos «por haber incurrido en causales de mal desempeño en sus funciones e ignorancia inexcusable del derecho», y además afirmó que con su accionar el juez y el fiscal habrían incurrido en el delito de prevaricato.
En ambas presentaciones (hizo una para Costilla y otra para Maidana, con idénticos fundamentos), Ávila planteó que los miembros del Poder Judicial cometieron «mal desempeño en sus funciones al no oponerse a la homologación del acuerdo económico improcedente en una causa de robo doblemente agravado, configurando una falta grave y posibles hechos con relevancia penal». También planteó que en ambos casos hubo una «ignorancia inexcusable del derecho, evidenciada en la resolución que extinguió la acción penal mediante un mecanismo inaplicable a delitos de tal gravedad».
El diputado explicó que con la homologación avalada por Costilla y Maidana «se permitió el sobreseimiento definitivo de los imputados, quienes mediante un acuerdo privado evitaron toda consecuencia penal por un delito que involucró violencia, privación ilegítima de la libertad, robo y amenazas» y aseguró que ese fallo «contradice principios esenciales del derecho penal y procesal, comprometiendo gravemente la seguridad pública y la confianza en el Poder Judicial». «Los hechos constituyen un claro caso de mal desempeño de sus funciones, configurando además la posible comisión del delito de prevaricato conforme al artículo 269 del Código Penal», dijo.
Planteos de Puente
El diputado provincial Tiago Puente (UCR) aseguró en sus redes que este caso «es un claro ejemplo de cómo el Poder Judicial de Catamarca se convierte en cómplice de la impunidad». «Cada vez que el sistema judicial privilegia acuerdos que favorecen a los poderosos, la Justicia se convierte en una mercancía. Costilla y Maidana no solo traicionan a las víctimas, sino que alimentan una estructura de impunidad que favorece a los que más tienen. ¿Y la igualdad ante la ley?», dijo en su cuenta de X.
Puente condenó, además, que «mientras Camilo Carrizo, un hombre de negocios que no para de acumular, sigue cobrando una pensión por invalidez, miles de catamarqueños luchan por acceder a un simple beneficio social». «Este abuso de poder en el que unos pocos se benefician del sistema, refleja la corrupción estructural que ahoga a la Provincia», cerró.n
La conexión con la causa de Wika
El diputado Ávila vinculó el caso de las absoluciones pagas, del que participa el fiscal Hugo Costilla, con el expediente vinculado a la posesión del boliche Wika Club; en el que también participaba Costilla hasta hace unas semanas: fue removido de la causa cuando quiso solicitar la desestimación y archivo de las actuaciones. Para el juez de control de garantías Marcelo Sago, la decisión de Costilla no fue correctamente argumentada y no profundizó sobre la eventual maniobra de los involucrados en una insolvencia fraudulenta o en el intento de despojar de sus bienes al trader Edgar Adhemar Bacchiani.
Para Sago, los planteos de Costilla «carecen de una argumentación sólida, a la vez que lucen cuanto menos apresurada en orden a la entidad de los delitos denunciados y la prueba obrante en el expediente”. Para el juez, el fiscal debió haber profundizado la investigación sobre «un eventual desapoderamiento u ocultación patrimonial de inmuebles por parte del señor Edgar Adhemar Bacchiani a través de terceras personas, como su esposa o ex esposa Zaraive Celeste Garcés Rusa, también denunciada, utilizando para ello los servicios de la escribanía de Córdoba Gandini». «La sospecha está dada por una eventual insolvencia fraudulenta tendiente a evitar hacer frente, con la subasta de esos inmuebles, a las obligaciones y deudas supuestamente contraídas por el señor Bacchiani. El fiscal pareciera haberse ocupado más de desacreditar a la víctima como persona que de analizar los hechos susceptibles de persecución penal de oficio que llegaron a su conocimiento por medio de aquellas denuncias», cuestionó Sago cuando le quitó la causa a Costilla, el 31 de octubre del año pasado. El expediente quedó en manos del fiscal nº8, Juan Manuel Sánchez Ruiz.
La causa se inició en enero de 2022, cuando el empresario Cristian Guillou apuntó contra el titular de Adhemar Capital por incumplimientos en la compra-venta del boliche «Wika Club». Guillou tomó posesión del local hasta tanto el financista cumpliera con los pagos y la apoderada de Adhemar, Sofía Piña, denunció al empresario por deudas. A las 48 horas Costilla imputó a Guillou por «usurpación».