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El escándalo de los seguros: la justicia analiza a otros 45 organismos del Estado

La presunta maniobra defraudatoria que se destapó con la intermediación de aseguradoras desde la ANSES desnudó una estructura que podría haberse replicado en otros organismos del Estado. Para dilucidar esto, el juez Julián Ercolini pidió información a 45 dependencias que Nación Seguros mencionó en la documentación que entregó al juzgado. Esto se suma a 27 aseguradoras, tanto personas jurídicas como físicas, que constan en las planillas remitidas al magistrado.

Las órdenes de presentación de los últimos dos días buscan determinar hasta dónde se expandió la presunta maniobra defraudatoria que le valió a Alberto Fernández, ya fuera del poder, su primera imputación en una causa por corrupción.

Como contó Clarín, la justicia tiene bajo análisis a 27 aseguradoras que habrían participado de intermediaciones discrecionales y sin fundamentos en contratos entre organismos públicos, que le significaron a las arcas estatales una multimillonaria erogación, algo que se estudia como el posible perjuicio delictivo.

Para determinar si la maniobra se aplicó en otros organismos del Estado, el magistrado pidió información a 45 organismos estatales.

El listado, al que accedió Clarín incluye al Estado Mayor de la Armada, a Radio y Televisión SE, Corredores Viales, al Ministerio de Economía, ANMAT, INTA, como también a la Superintendencia de Servicios de Salud, la Dirección Nacional de Vialidad, al extinto Ministerio de Desarrollo Social, la Administración General de Puertos, la Secretaría de Agricultura, entre otros.

Los 45 organismos cuyos papeles busca analizar el juzgado federal, fueron seleccionados porque según la información proporcionada por Nación Seguros contrataron de acuerdo con la modalidad que se señaló como sospechosa y defraudatoria para las arcas del Estado.

La estructura supuestamente delictiva comenzó a funcionar a finales de 2021, momento en el que el entonces presidente Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían contratarse con Nación Seguros. Allí no terminaba el circuito: Nación, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas.

La trama de contrataciones “opacas” con el rubro seguro se destapó por los manejos dentro de la ANSES, un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.

Mientras se encuentran imputados el ex presidente Alberto Fernández, y los brokers financieros Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa (casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero), el juez Ercolini considera que se podría estar ante un entramado aún de mayores dimensiones.

Los medios fueron revelando diversos contratos sospechosos de Nación con otros organismos estatales que aplicaron el mismo mecanismo. Desde Gendarmería, el Servicio Penitenciario Federal, la Cancillería, la Casa de Moneda, y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, pidieron contratar a Martínez Sosa. Para hacerlo, lo pedían por carta a Nación Seguros.

El contrato con Gendarmería costaba hasta 900 millones de pesos por mes. En la Casa de Moneda -que contrató directamente a la sociedad de Martínez Sosa- la carta fue firmada por el presidente Ángel Mario Elettore, el 21 de marzo de 2023. Un año antes, en marzo de 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud había hecho lo mismo a través del superintendente, Alejandro López.

La Cancillería dirigida por Felipe Solá, también designó a Emanuel Calvo, otro productor socio de Martínez Sosa. El mismo mecanismo ocurrió en otras áreas dependientes del ministerio de Economía con otro productor, Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa.

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