Los jueces -sobre todos los federales penales que deben investigar hechos de corrupción- no quieren acumular denuncias en el Consejo de la Magistratura: cada proceso que se abre y se prolonga en el tiempo, los deja bajo sospecha hasta que se plantee lo contrario o, si transcurren tres años de tiempo sin que se ordene nada en el marco del expediente, caduquen las causas. Hay una estadística que “favorece” a los magistrados: desde 1999, de las 3.584 denuncias registradas en la base de datos, sólo 36 jueces llegaron a la etapa de juicio político, pero 11 de ellos renunciaron antes de enfrentar el proceso de destitución.
Desde el gobierno de Javier Milei, los referentes judiciales tienen una premisa: la celeridad. Dentro del Consejo de la Magistratura, donde el ministerio de Justicia tiene Sebastián Amerio como representante, eso implica reducir los plazos para la designación de jueces como también imprimir ritmo a las investigaciones que tienen bajo sospecha a jueces y juezas de diversos fueros.
Los expedientes que se inician cuando un magistrado es denunciado, pueden derivarse a la Comisión de Disciplina o a la Acusación, dependiendo la gravedad del delito atribuido bajo el grado de sospecha. Es lo que los consejeros deben despejar: si hay elementos para sustentar la acusación o si debe ser desechada.
Según el reglamento interno del Consejo de la Magistratura, si durante los tres años posteriores al inicio de la investigación la misma no tuvo ningún movimiento, sus plazos se dan por vencidos y la causa se archiva. Eso ocurrió el año pasado: más de 40 causas caducaron por falta de tratamiento.
“Esa situación requiere analizar y modificar el reglamento. Y además se debe trabajar para que los procesos sean ágiles y no utilizar los plazos para ayudar a que algunos ‘zafen’, porque no damos respuestas sino que dormimos los trámites. Tampoco corresponde tener a los jueces entre las cuerdas, hay que hacerlo rápido. Sino no sirve para nadie”, dijo una fuente oficial a Clarín.
La «mala» estadística
Hay una estadística que, según desde dónde se mire, favorecer a los jueces. Desde 1999 -cuando se creó el Consejo de la Magistratura- a la fecha, sólo 36 jueces fueron investigados hasta llegar a la instancia de un juicio político.
Desde el organismo que designa a los jueces, una fuente con larga trayectoria allí analizó las cifras: “Si uno lo piensa en función de la cantidad de jueces que hay, podría decirse que pocos fueron acusados, lo cual es alentador. Ahora, si eso ocurrió porque no se investigó como corresponde cada proceso, eso inquieta”.
Las cifras oficiales exponen otro dato que alarma a algunos consejeros. De los 36 jueces que fueron enviados a un juicio político, 11 renunciaron antes de afrontar la instancia de destitución. Sin embargo, 18 fueron removidos del cargo como Juan José Galeano (el primer juez que tuvo la causa por el atentado a la sede de la AMIA) o Guillermo Tiscornia, del fuero Penal Económico, a quien se lo acusó por mal desempeño por constante rebeliones contra decisiones de sus superiores.
También integra esa lista el camarista Eduardo Freiler, a quien se le atribuyó “una gran cantidad de hechos de corrupción”, su cuantioso patrimonio entre ellos. Otros cinco magistrados fueron absueltos en la instancia del juicio político.
Al observar las estadísticas, hay otra observación: la mayor cantidad de investigaciones y acusaciones ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner: en 2005 con seis casos y en 2006, con ocho.
Después, el promedio no supera una causa por año, a excepción de 2016 bajo la administración de Mauricio Macri, cuando se realizaron tres juicios políticos. Uno de ellos fue el del camarista Freiler.
Desde 2017 no ha ocurrido absolutamente nada. En casi siete años muchas causas caducaron por falta de tratamiento, otras avanzan pausadamente y ninguna se resuelve con una acusación concreta o una absolución de las sospechas volcadas en las denuncias.
Una historia repetida
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que releva periódicamente el estado de las investigaciones en el Consejo, consideran que “la práctica de dejar que los expedientes caduquen (que es imputable a todos los sectores y partidos del Consejo) es grave en un doble sentido: por un lado, puede haber denuncias graves que queden sin investigar o resolver -y los jueces se terminan ‘salvando’ solo porque pasó el tiempo”, expresaron.
Del otro lado de la balanza, hay magistrados y magistradas que son objeto de lo que en el Consejo de denominan “denuncias injustificadas”, pero que al carecer de cualquier tipo de tratamiento crean expedientes disciplinarios abiertos durante tres años, “lo que es un condicionamiento muy grande durante ese período”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
La situación no es nueva. Hay antecedentes hace tres años atrás que exponen una inacción de similares características. En aquel entonces, la ACIJ ya había manifestado que sólo en el 22% de los casos analizados a finales de 2020, el Consejo de la Magistratura había realizado alguna medida probatoria.
De los 3.584 casos que conformaban la base a la fecha de corte de este informe, 224 casos fueron desestimados por el transcurso del tiempo.