viernes, 26 de abril de 2024 10:30
En diálogo con Radio El Esquiú 95.3, Figueroa señaló que tuvieron conocimiento de este decreto presidencial y lo definió como “un desafío”.
Figueroa resaltó que la receta electrónica es “altamente beneficiosa”, por diferentes motivos, entre ellos enumeró en primer lugar “la legibilidad de la receta”, evitando de esta manera errores en la prescripción médica, además, puede prevenir la adulteración de recetas o recetas truchas.
A modo de opinión personal, el presidente del Colegio Médico dijo que una vez implementada la factura electrónica, deberían funcionar los dos sistemas: tanto la receta de papel con la firma del médico; como la receta electrónica, entendiendo que, en muchos lugares de la provincia, sobre todo del interior, el acceso a la conectividad sigue siendo dificultoso.
“Hace un tiempo que el sistema de salud tiene como desafío sumar la digitalización a todos los procesos para facilitar controles, seguimientos de tratamiento, acceso de los pacientes a los medicamentos, entre otras cosas. Creemos que es un gran paso”, destacó.
Luego, Figueroa indicó que a partir de ahora cada jurisdicción debe adaptar esta medida para su funcionamiento. A su vez, destacó que este decreto “no los tomó por sorpresa” ya que hace más de un año vienen conversando con entidades que deben intervenir en la provincia para que este sistema sea viable y funcione bien. Asimismo, manifestó que la normativa no solo debe buscar la adhesión de la Legislatura, sino que también les corresponde a los legisladores “adaptarla” a la geografía local.
“Son muchos puntos que están reglados por la ley 27553, la cual establece la dispensación de medicamentos, como otras leyes referidas a los pacientes. Por este motivo, este decreto tiene que tener en cuenta este sistema normativo y respetarlo, es decir, sus puntos no pueden vulnerar otras leyes”, detalló.
Por último, añadió que los médicos son un agente intermediario entre el paciente y la provisión de medicamentos, el pedido de estudios, entre otras cuestiones, “y todo debe tener una base legal, de protección al profesional que lo realiza, pero sobre todo al paciente”.