La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita un total de 22 años de cárcel y seis más de libertad vigilada para el jubilado de Miranda de Ebro Pompeyo González, detenido el 25 de enero del año pasado, como autor del envío de seis cartas con explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la embajada de Ucrania en Madrid, a las instalaciones de la empresa zaragozana Instalaza, a la embajada de Estados Unidos en la capital y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón.
El ministerio público considera que Pompeyo González cometió dos delitos uno de terrorismo con resultado de lesiones, por el empleado de la embajada ucraniana que resultó herido en una mano, al que pide que indemnice con 1.500 euros, y otro de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios, por los que les corresponde, respectivamente, 10 y 12 años de cárcel, a cuyo cumplimiento deberá cumplir otros seis más de libertad vigilada. No obstante, señala que el cumplimiento máximo en un centro penitenciario no podrá exceder de 20 años.