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La Junta defiende la contratación de detectives para vigilar el «absentismo injustificado» en Veiasa

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha defendido la contratación, por parte de la sociedad Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa) por un importe superior a 36.000 euros, de un servicio de detectives privados para abordar casos de «absentismo injustificado» entre la plantilla de dicha compañía adscrita al citado departamento del Gobierno andaluz, encargada de los servicios de inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en Andalucía.

En una respuesta parlamentaria consultada por Europa Press, el consejero se ha referido a dicho servicio de investigación privada en contestación a una pregunta que diputados del Grupo Socialista habían registrado en el Parlamento el pasado mes de octubre.

En concreto, el órgano de contratación de Veiasa adjudicó en septiembre del pasado año 2023 a una empresa de detectives un contrato relativo a un «servicio de investigación privada de seguimiento» para dicha empresa pública que se formalizó por un importe total de 36.293,95 euros, IVA incluido, y con una duración de 24 meses con posibilidad de dos prórrogas de doce meses cada una.

En la memoria justificativa de esta contratación, por parte de Veiasa se apuntaba que, «debido al incremento del absentismo laboral» en dicha sociedad pública, desde esta entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas se veían «obligados a la contratación de los servicios de un detective privado para llevar a cabo la investigación, seguimiento y documentación necesaria, con la finalidad de conseguir información adicional que permita verificar si la persona investigada realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, o bien otro tipo de actividades contrarias a su dolencia o incompatibles con la situación de incapacidad temporal/permanente en la que pudiera encontrarse el trabajador/a».

Tras la formalización de dicha contratación, diputados del Grupo Socialista registraron el pasado mes de octubre en el Parlamento andaluz una pregunta escrita para que fuera respondida por el Consejo de Gobierno «relativa a la contratación de detectives privados para investigar a los trabajadores y trabajadoras de Veiasa«.

En dicha iniciativa, desde el PSOE-A se hacían eco de «las denuncias conocidas durante las últimas semanas sobre el supuesto ‘espionaje’ al desempeño laboral de los trabajadores» de Veiasa, y preguntaban a la Junta «cuál es verdadero objetivo del pliego de prescripciones técnicas sobre contratación que rige la prestación del servicio de investigación privada de seguimiento para Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A».

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, respondió a esta pregunta de diputados del PSOE-A el pasado mes de noviembre mediante un escrito publicado esta semana en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y consultado por Europa Press.

Jorge Paradela contesta a los parlamentarios socialistas que «el objetivo de la referida contratación es el de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto y defensa de los derechos de los trabajadores».

Para la «detección de fraudes»

Ese objetivo, según abunda el consejero en su respuesta, pasa por «poner los medios legales necesarios para la detección de fraudes, al igual que hace la Seguridad Social, las mutuas y todo tipo de empresas públicas estatales, regionales o municipales», así como por «garantizar que esos medios están amparados por la legislación en todo momento y constan en los registros oficiales del Ministerio del Interior», y por «asegurar que tales medios, que trabajan con profesionalidad e independencia, aporten pruebas cuya validez judicial sea impecable».

El consejero continúa señalando en su contestación a la pregunta socialista que «existen riesgos de diferente naturaleza para la entidad –Veiasa– que justifican su ámbito de aplicación, desde comportamientos fraudulentos por incumplimiento de horarios laborales o absentismo injustificado, a situaciones irregulares en la inspección de vehículos, junto a casos de acoso laboral, entre otros».

«Si bien se trata de situaciones aisladas y minoritarias y que nada tienen que ver con los supuestos de ‘espionaje’ referidos en el enunciado de la pregunta» de los diputados del Grupo Socialista, «la obligación de identificarlas y subsanarlas con la mayor diligencia lleva a la contratación de este servicio, práctica habitual en grandes empresas nacionales e internacionales, públicas y privadas, estatales, autonómicas y municipales, y que en Veiasa se ha venido realizando desde el año 2006», según zanja el consejero Jorge Paradela en su respuesta.

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